AMOR POR LOS BOSQUES SEGURO NO ES

Leonardo Salgado - octubre 03, 2021

Fuente: Bariloche 2000

El pasado 20 de agosto de 2021 el gobierno de Río Negro envió a la Legislatura tres proyectos de leyes verdes: uno que propone la elaboración de un plan de regulación y fomento de la movilidad sostenible (P00804), otro de etiquetado de viviendas (P00803), y un tercero (P00802) de creación de un sistema de compensación por emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Este último obliga a los Grandes Emisores a compensar su huella de carbono mediante la plantación, cuidado y mantenimiento de una cantidad determinada de especies arbóreas nativas (Art. 1 OBJETO). El P00802 no permite a las empresas optar por otras formas de compensación, como obras de saneamiento o de tratamiento de efluentes o residuos sólidos, o un relleno sanitario, o un proyecto de recuperación de humedales. Claramente su objetivo apunta a la reforestación.

¿Quiénes son esos Grandes Emisores alcanzados por el proyecto? En su Artículo 5 (DEFINICIONES) se indica que son “quienes realizan alguna de las actividades que generan emisiones de gases de efecto invernadero por encima de los niveles que fije la reglamentación.” Es decir que el P00802 deja a criterio del Poder Ejecutivo, que es quien reglamenta las leyes, determinar quiénes son los que deben compensar sus emisiones, aunque las destinatarias naturales son sin duda las empresas petroleras: así parece reconocerlo la secretaria de Ambiente y Cambio Climático Dina Migani en declaraciones públicas.[1]

En el proyecto 802 tampoco se indica quién o quiénes realizarán la estimación de las emisiones, pero, nuevamente, a partir de declaraciones de la secretaria Migani podemos formarnos una idea de lo que dirá la Reglamentación: al menos en el caso de las empresas petroleras, la estimación se haría solo en base a lo que las empresas declaren en concepto de venteo de gas quemado e incidentes en sus locaciones. En principio, quedarían afuera todos los demás procesos no declarados (y obviamente, la compensación tampoco alcanzaría a las emisiones de la combustión de los hidrocarburos extraídos).[2] Las emisiones declaradas, que según la secretaria, habrían alcanzado en 2020 el equivalente a unas 260.000 toneladas CO₂, serían tasadas en base al precio internacional del CO₂ (que en abril de 2021 superó los 50 dólares la tonelada[3]) y, tomando en cuenta el precio de plantar, cuidar y mantener un árbol, que los informes oficiales estiman en 10 dólares, se calcularía la cantidad de árboles a plantar por el Gran Emisor. Es decir que en ningún lado de la ecuación se toma en cuenta la capacidad del árbol de capturar el CO₂ emitido: si el valor del árbol aumentara por alguna razón, la cantidad de árboles exigible a los grandes emisores disminuiría sensiblemente. Y el CO₂ en la atmósfera sería el mismo.

Tampoco está claro que el cálculo tome en cuenta la totalidad de lo venteado (declarado). En el Art. 1 del proyecto de ley solo se informa que la compensación será proporcional a lo venteado (o declarado). En principio, las Grandes Emisoras no estarían obligadas a compensar la totalidad de las emisiones: si una empresa emite 100 y compensa 80, y al otro año emite 60 y compensa 48, estaría guardando la proporcionalidad compensando en ambos casos el 80% de lo emitido. Si la idea fuera compensar la totalidad de lo emitido, la redacción del artículo seguramente habría sido otra. Más adelante (Art. 6 PROPORCIONALIDAD), también en los considerandos (Proyecto, p. 5), se repite esta confusa redacción: las empresas deberán plantar, cuidar y mantener “en orden a las emisiones netas de gases de efecto invernadero que generen, aumentando o disminuyendo este número proporcionalmente en cada evaluación anual que se realice”. ¿Por qué no poner, directamente, que plantarán, cuidarán y mantendrán, un número de árboles X que garantice la captura o secuestro del total (o una proporción X) de las emisiones declaradas? Mi respuesta: porque esa no parece ser la idea. La idea es en realidad multar a las empresas, cobrándoles en especies, por un monto que (en principio) disminuiría conforme las empresas consigan reducir la cantidad de gas venteado quemado. De hecho, esa reducción es perfectamente posible. Por caso, YPF posee desde 2018 un proyecto de captura de gas natural proveniente de venteos y pozos aislados para producir GNL, el cual se complementa con un proyecto piloto implementado en los equipos de perforación no convencional para reemplazar el uso de combustible líquido por GNL producido a partir del gas natural capturado durante las pruebas de pozos.[4] Obviamente, la combustión de GNL también genera emisiones, pero, en principio y de acuerdo con las declaraciones de la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, estas no serían exigibles de ser compensadas (una opción de dudosa eficacia: capturar metano para quemarlo en otro lado en forma de GNL).[5]

La forestación no está mal, pero ojo con los negocios inmobiliarios

Sin duda hay que reforestar, y mucho, sobre todo los campos incendiados por la desidia de los gobiernos nacional y provincial. Por lo tanto, cualquier iniciativa en esa dirección debería ser bienvenida. (Aunque no hay que engañarse: esas reforestaciones nunca podrán compensar las emisiones de GEI de las petroleras; en el mejor de los casos, podrán compensar la pérdida de los bosques quemados.[6]) Sin embargo, el proyecto gubernamental puede ocultar objetivos bien distintos. Obviamente, los territorios reforestados por las empresas no podrán ser ocupados para otros usos. Esto, que podría ser un objetivo deseable, ofrece una lectura muy distinta a la luz del conflicto entre el estado y las comunidades de pueblos originarios. Eventualmente, los proyectos de reforestación podrían servir de excusa (como si la necesitaran) para perseguir a las comunidades que pelean por la recuperación de sus territorios (muchos de los cuales se han incendiado).

También el proyecto del gobierno podría abrir la puerta a especulaciones inmobiliarias y financieras. Imaginemos que un bosque categoría I o II[7] de un campo ocupado por un Gran Terrateniente se quema accidentalmente, y que luego ese campo quemado accidentalmente es ofrecido a una Empresa Petrolera a través de una Empresa Desarrolladora de Proyectos Verdes con el objetivo de reforestar y compensar su huella de carbono. Todos ganarían: el Terrateniente, que obtendría una renta por parte de la Empresa Petrolera (supongo que suculenta) y que encontraría una excusa para blindar su territorio de las ocupaciones de las comunidades originarias; la Empresa Desarrolladora, que cobraría una comisión por todo; y las Empresas Petroleras que pintarían su cara de verde y eventualmente venderían los créditos de carbono obtenidos por el proyecto (hablo de esto más adelante). Les únicos perdedores serían les jóvenes de las ONGs locales encargados de realizar la reforestación, que trabajarían por el sándwich y la Coca para el Gran Terrateniente, la Empresa Petrolera y la Empresa Desarrolladora (y para el Estado, que presentaría todo esto como parte de su plan para salvar el Planeta). ¿O estoy imaginando mucho?

¿Es esto solo o hay más?

Como mencioné, el proyecto del gobierno podría abrir el juego de la especulación financiera, en especial con la compra y venta de créditos de carbono (o bonos de compensación de emisiones de carbono). Explico esto último. Luego de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático de 1992, y sobre todo del Protocolo de Kioto de 1997, se pactó un mecanismo para que las empresas de los países desarrollados que no logren cumplir con sus metas de reducción de emisiones puedan compensar ese incumplimiento financiando proyectos verdes en países en vías de desarrollo (o emprobrecidos: los nuestros).

Si bien el Protocolo de Kioto no obliga a los países empobrecidos a reducir sus emisiones de GEI, cada vez son más las Grandes Empresas que operan en esos países que procuran reducir sus emisiones, como un modo de obtener alguna certificación verde que les permita mejorar sus chances de colocar sus productos en un mercado global cada vez más exigente, y de obtener financiamiento de Bancos o Fondos de Inversión cada vez menos dispuestos a financiar actividades contaminantes. Así ha surgido el llamado mercado de carbono.

Se ha comparado este mercado de carbono con el tráfico de indulgencias que tanto escandalizó a Martín Lutero, al extremo de ser uno de los motivos de su Reforma Protestante. Tanto el mercado de carbono como el tráfico de indulgencias suponen la cesión a una persona de los méritos de otra.[8] En el tráfico de indulgencias, los monjes de los conventos, con sus rezos y buenas acciones, compensaban los pecados de los ricos, eximiéndoles de la pena y reduciendo sus horas en el Purgatorio (si es que en el Purgatorio transcurren las horas). En el mercado de carbono, los países en vía de desarrollo, con sus proyectos limpios (y su mano de obra barata o regalada) compensan a los países desarrollados que no logran reducir sus emisiones. Todo, hoy como en el siglo XVI, a cambio de unas monedas, claro.

Para ingresar al mercado de carbono las empresas tienen distintas opciones. En países en vías de desarrollo, esas opciones se presentan a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones Unidas. En Argentina, optaron por este mecanismo varias empresas, como Aluar (proyecto ReNaMi N° 17), Aceitera General Deheza (proyecto ReNaMi N°12), Ledesma (proyecto ReNaMi N° 31), y otras, en tanto lo hicieron a través del Mercado Voluntario (la vía elegida por la empresa de cosmética Natura), el Grupo Arcor (proyecto ReNaMi N° 4, a través de VCS), Genneia (proyecto ReNaMi N° 55, a través de VCS) e YPF LUZ (proyecto ReNaMi N° 54, a través de VCS), entre otros.[9] Este último, el Voluntario, es el que actualmente acapara la mayor parte del mercado de carbono.

Las empresas que optan por el MDL deben obtener una doble certificación: la de la oficina local del país en el que operan (en Argentina, la Oficina Argentina del Mecanismo del Desarrollo Limpio (OAMDL*) u Oficina Argentina de Implementación Conjunta, que funciona en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y la de la Junta Ejecutiva del MDL. (Los proyectos MDL tienen que ser presentados a posteriori de obtenidas las reducciones.) Estos organismos certifican las reducciones y la JEMDL ordena luego la emisión de los créditos correspondientes.[10]

*(Cabe destacar que la OAMDL se encuentra inactiva desde el 31 de diciembre del 2020, y que ya no es posible presentar nuevos proyectos en el marco del MDL, ya que el último periodo de compromiso del protocolo de Kioto culminó en esa fecha. Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono, 2023, p. 23. Hoy por hoy, solo serían admisibles proyectos en el marco del Mercado Voluntario.)

Los que optan por el Mercado Voluntario deben acudir a ONGs oficiales para obtener sus certificaciones de reducción de emisiones. Una de las certificaciones más utilizadas en este mercado es la Verified Carbon Standard (VCS, mencionada más arriba para el caso de Arcor, Genneia e YPF LUZ en nuestro país), que otorga la ONG Verra, radicada en Washington.[11] Otra es la Gold Standard Foundation (GSF) que otorga la organización homónima, constituida en 2003 por WWF y otras ONGs internacionales.[12]^{, [13]}

Esas ONGs certificadoras obtienen una comisión por cada crédito que aprueba, lo que genera un claro conflicto de intereses que tiende a sobreestimar la cantidad de carbono que mitigan los proyectos. ctxt

Ejemplificaré el funcionamiento del mercado de carbono mediante casos concretos y reales.

La sucursal argentina de la empresa multinacional brasileña de cosmética Natura, le compró a Genneia, la compañía energética argentina, un total de 70.000 créditos en concepto de sus emisiones realizadas en el país entre 2013 y 2016. Cada bono corresponde a una tonelada de CO₂ no emitida, de modo que Genneia purgó la pena de Natura por la emisión de 70.000 toneladas de CO₂. A cambio de unas monedas, claro: unas 4 millones de monedas de un peso. Ahora bien, ¿de dónde obtuvo Genneia los créditos de carbono que le vendió a Natura Argentina? Pues de su propio Parque Eólico de Rawson (Chubut). Tanto el MDL y el Mercado Voluntario (concretamente, como indiqué más arriba, el sistema VCS) le certificaron a Genneia los volúmenes de GEI no emitidos en concepto de la electricidad allí generada.[14] (Como refería más arriba, los proyectos eólicos de Genneia en Patagonia figuran en el ReNaMi, Registro Nacional de Proyectos de Mitigación del Cambio Climático, con el N° 55.)

Los créditos obtenidos del Parque Eólico de Rawson también le alcanzaron a Genneia para compensar las emisiones de su propia Sede Central ubicada en Olivos (Gran Buenos Aires) correspondientes a 2020, en concepto de viajes aéreos y terrestres de compromisos laborales del personal, el consumo de energía eléctrica y materiales de la oficina. [15] También en 2020, Genneia obtuvo créditos por su Parque Solar Ullum (San Juan) en sus tres fases, a través de la VCS.[16] De esta manera, hoy Genneia ofrece créditos por sus dos proyectos: el Parque Eólico chubutense y el Parque Solar sanjuanino, todo a través de su página de Internet.[17]

Por supuesto, Genneia no es la única oferente de créditos de carbono en nuestra región. La empresa de energía eléctrica YPF LUZ también vende por Internet los créditos obtenidos por su Parque Eólico Manantiales Behr.[18] (que, como señalé, corresponde al proyecto ReNaMi N° 54). YPF LUZ Informa unos 250,00 créditos del VCS al año, lo que significa unas 250 toneladas al año que dejan de volcarse a la atmósfera (aquí tal vez haya un error: seguramente son 250.000.)

Otro ejemplo. La empresa de generación de energía fotovoltaica EFESA (Empresa Federal de Energía Sociedad Anónima) que posee el parque fotovoltaico de Los Llanos (provincia de La Rioja) contrató a una desarrolladora (CFB Energy), la cual se asoció con otra (EcoSecurities) para monetizar sus activos de carbono en el Mercado Voluntario. Las certificaciones se obtuvieron por Gold Standard Foundation (GSF), siendo Parque Los Llanos el primer proyecto en obtener esta certificación en Argentina. [19] (El proyecto corresponde al proyecto ReNaMi N° 58.)

Con respecto al proyecto de compensación de emisiones de CO₂ del gobierno de Río Negro cabe aquí preguntarnos: ¿buscarán las empresas presentar sus proyectos de compensación para obtener créditos comercializables y así recuperar la inversión y obtener de paso una ganancia? De poder hacerlo ¿es ésta una buena forma de lograr que las empresas reduzcan sus emisiones, desde el momento que el proyecto les ofrece una buena oportunidad para los negocios? Ya comenté que el mecanismo que el gobierno de la provincia prevé para efectuar el cálculo de árboles a plantar es una medida de las emisiones, pero también del precio internacional del CO₂. Es decir que es perfectamente posible que una empresa petrolera invierta un monto X en un proyecto de forestación, y obtenga un monto superior de la venta de los créditos de carbono que obtenga de las certificadoras, ya que seguramente el precio del CO₂ aumentará exponencialmente los próximos años a medida que la crisis climática se profundice. (En declaraciones a los medios de agosto de 2021[20], la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia habló de un precio del CO₂ de entre 7 y 10 dólares la tonelada y ya está a más de 50.[21] A comienzos de 2023, este valor había trepado a los 100 dólares, al menos en la Unión Europea. Reuters)

Y cierro con esto

El del gobierno de Río Negro es un mal proyecto de compensación, que no garantiza la captura de las emisiones industriales de GEI ni constituye un incentivo para la reducción de esas emisiones. Es malo y peligroso por las puertas que abre. En una de las declaraciones públicas que más vergüenza ajena ha generado en los últimos tiempos, por lo complaciente hasta la auto-humillación, el senador Alberto Weretilneck le pidió disculpas a las empresas petroleras por no haber sido consultadas por su sucesora Arabela Carreras, obligando a esta a poner en stand by el proyecto, bajo el pretexto de iniciar una ronda de consultas.[22]^, [23] A pesar de su cuasi-automática reacción de rechazo, no sería raro que las empresas petroleras terminen aceptando el pago de esa multa en especies, siempre y cuando vean la manera de financiarla, a costa nuestra por supuesto, a través de la venta de créditos verdes u obteniendo algún beneficio a cambio (uno más). Y si no, se habrán dado el gusto de marcarle la cancha a la gobernadora, dejándole en claro, por si no lo tenía, que no tiene poder político ni para ponerles una multa.