RÍO NEGRO: DIEZ RAZONES PARA RECHAZAR LA MEGAMINERÍA METALÍFERA
Plataforma de Exploración en la zona del proyecto de uranio Amarillo Grande (Valcheta).
Fuente:http://miningpress.com/nota/322598/blue-sky-quiere-convertirse-en-el-primer-productor-de-uranio-de-argentina- avances-en-amarillo-grande
Lo que se presenta en este posteo es una versión modificada del documento que elaboramos en 2018 junto con compañeras y compañeros de las Asambleas del Curru Leufú, el cual puede encontrarse en https://asambleasdelcurruleufu.wordpress.com/2021/04/01/documento-de-las-asambleas-del-curru-leufu-megamineria-metalifera-por-que-en-rio-negro-le-decimos-no/. Del documento original pueden obtenerse muchas referencias que no han sido incluidas aquí.
RAZÓN 1: PORQUE LAS COMUNIDADES DE PUEBLOS ORIGINARIOS LA RECHAZAN.
Las comunidades
de pueblos originarios de Río Negro rechazan la megaminería metalífera. Lo han
dicho muchas veces, a través de sus órganos representativos, como la Mesa Coordinadora del Parlamento
Mapuche Tehuelche y el Consejo de Desarrollo de Comunidades
Indígenas (CODECI). Este rechazo se fundamenta en distintas razones, varias de las cuales son desarrolladas en
este posteo. Podríamos resumir todas ellas en una sola: el extractivismo, en
particular la megaminería metalífera, se inscribe en una cosmovisión diametralmente
opuesta a la suya. Las sociedades occidentales hablan
de Naturaleza para referirse a algo exterior a ellas, a un lugar del cual obtienen los recursos (los
recursos naturales) o al cual ir de vacaciones. Para las comunidades
originarias no hay tal Naturaleza. Las comunidades utilizan el término Territorio
para designar al espacio que habitan; un espacio que no solo es físico sino
también social, cultural, espiritual y sagrado. Las comunidades no están en el
Territorio; SON en el Territorio, SON junto con los seres vivos no humanos, y
los seres no vivos. Queda claro que dinamitar montañas hasta dejarlas chatitas con
el objetivo de vender minerales y obtener una renta económica no encaja en esta
cosmovisión.
Esto lo conoce el gobierno de
la provincia de Río Negro, y esta es la razón por la que no consulta a las comunidades cuando la
megaminería metalífera pretende desarrollarse en su Territorio, aun estando
obligado a hacerlo POR LEY. Hablo de la Ley Nacional
N° 24.071 sancionada en 1992,
que obliga a los estados nacional, provinciales y municipales a cumplir con el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual establece,
en sus artículos 7 y 15, que se debe obtener el consentimiento de las
comunidades originarias antes de autorizar proyectos extractivistas en las
tierras que ocupan, o cualquier otro tipo de proyectos que afecten directa o
indirectamente sus vidas, creencias, instituciones
y bienestar espiritual.
El gobierno rionegrino incumple esa ley cada vez que concede un nuevo permiso de exploración a una empresa minera en Territorio
comunitario, que es donde se ubican los principales proyectos megamineros.
El rechazo de
las comunidades originarias a la megaminería metalífera debería bastar para justificar
el rechazo de todes les rionegrines a la megaminería metalífera, al menos de
aquella que pretende realizarse en Territorio comunitario. Por supuesto, hay muchas
otras razones que justifican el rechazo de la megaminería en cualquier lugar:
de algunas de ellas me ocuparé a continuación.
RAZÓN 2: PORQUE
LA MEGAMINERÍA ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD
HUMANA.
Los efectos
adversos de la megaminería metalífera sobre la salud humana son muchos y
variados. Muchas de las sustancias utilizadas en esta actividad son altamente
tóxicas. Por ejemplo,
el cianuro, cuya utilización ha sido prohibida en muchas partes del mundo,
incluso en varias
provincias argentinas, pero que está permitida en Río Negro a
partir de la sanción de la Ley provincial N° 4.738/2011, es letal en ciertas
concentraciones, pudiendo ingresar al cuerpo humano por aire, tierra o agua. La intoxicación con cianuro produce trastornos respiratorios, cardiológicos, neurológicos y reproductivos, por supuesto
dependiendo de la dosis y del tiempo de exposición. Otros elementos utilizados
en la megaminería, como el mercurio y el ácido sulfúrico, este último
utilizado normalmente en la minería
de uranio, son también
altamente tóxicos.
Son también
tóxicos los metales pesados liberados durante
el proceso de obtención de
otros metales como el oro, la plata o el uranio, que suelen filtrarse al medio
ambiente contaminando suelos, cuerpos de agua y napas subterráneas. Entre los
peores se encuentra el plomo. Exposiciones al plomo de escasa magnitud pero
sostenidas en el tiempo, resultan en alteraciones neuromotoras, retraso mental
y trastornos en la conducta.
El mismo plomo
es un metal explotable. De hecho, la minería de plomo ha hecho estragos en la
salud de la población infantil de Río Negro, concretamente en la de un barrio
de la ciudad de San Antonio Oeste (SAO). La planta de fundición de Mina Gonzalito (a unos 100 km de SAO),
ubicada sobre una de las vías de acceso a la ciudad (en un sector actualmente
urbanizado), fue abandonada a mediados de los 80s cuando la empresa española
Geotécnica SA se declaró en quiebra y huyó. Un estudio del Ministerio de Salud de la Nación realizado
en 2005 por encargo de la Multisectorial por la Problemática del Plomo en San
Antonio Oeste, obtuvo que el 64% de los niños analizados (sobre un total de
200) presentaba niveles de plomo en sangre superiores a los 5 ug/dl.[1] (Más adelante
volveremos sobre este regalo que la minería metalífera le hizo a nuestra
provincia. Desarrollo el asunto del plomo de Mina Gonzalito en otro posteo de este blog.)
Lo mismo sucedió en Jujuy, en la localidad de Abra Pampa: una planta de fundición de plomo abandonada por una minera que cerró y huyó. En este caso, el estudio, que estuvo a cargo de investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, encontró que el porcentaje de niñes contaminades con plomo trepaba al 81% (técnicamente, niñes con niveles de plomo en sangre superiores a los máximos aceptables de acuerdo con los estándares internacionales, si es que cabe el término «aceptable», superiores a los 10 ug/dl).[2]
En Catamarca, en 2010, un grupo de profesionales de la salud de Andalgalá (ciudad ubicada a 40 km de Yacimiento Bajo de La Alumbrera, en línea recta), realizó un informe de la salud de la población humana en el que destacan una incidencia muy superior a la mundial de ciertas enfermedades raras. Para el cáncer de huesos, registran una incidencia superior a la mundial del 2.400%; para la esclerosis múltiple, una incidencia superior al 500%; para el cáncer en general, una incidencia superior al 800%; para enfermedades respiratorias en niños, un 300%; y así con otras.
Seguramente a causa de este informe el gobierno de Catamarca reaccionó, y en 2014 le encargó a una Asociación Argentina de Geología Médica otro informe sobre la situación sanitaria de Bajo de La Alumbrera. Los de la asociación de geomédicos les preguntaron a los trabajadores de la mina y a les trabajadores del hospital si tenían alguna queja y la respuesta fue no, todo bien. También realizaron un estudio de campo en un solo pueblo, Amanao, ubicado a 17 km de la mina, y evaluaron el estado sanitario de 57 personas mayores de 15 años, y por este lado lo mismo, todo bien. La Asociación Argentina de Geología Médica es la filial local de la Asociación Internacional de Geología Médica, entre cuyos objetivos figura «Tranquilizar al público cuando existen preocupaciones injustificadas de salud ambiental asociadas con materiales o procesos geológicos». Todo bien.
En 2019, y con relación al proyecto Agua Rica, que continúa a Bajo de La Alumbrera, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, aprobó un informe sobre la salud de la población de Andalgalá, en el que subrayan que la sociedad andalgalense se halla sometida a niveles de angustia y estrés, vinculados parcialmente al proyecto minero y a las insuficientes garantías que el mismo ofrece en material de protección de la salud del pueblo.
Siempre en Catamarca tres años más tarde, las empresas propietarias del proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera, oro, cobre, plata, molibdeno), en 2022 la canadiense Yamana Gold, la suiza Glencore Internacional y la estadounidense Newmont Corporation, [3] fueron denunciadas por les vecines de Choya (una población cercana a Andalgalá), quienes tuvieron que sacar a sus hijes de la escuela y llevarlos al hospital en forma urgente por sufrir trastornos gastrointestinales, trastornos que les vecines vincularon a la turbiedad de las aguas del río Choya causada por la remoción de tierras aguas arriba[4] y la contaminación industrial. El desoimiento del reclamo por parte de las autoridades provinciales derivó en un acampe de les vecines y una posterior represión por parte de la policía catamarqueña en la que no faltaron los palos, los gases y las balas.[5] (Hoy MARA es propiedad exclusiva de Glencore. Desde marzo de 2023, Yamana Gold fue adquirida por Pan American Silver, empresa esta última, a la cual, al menos en Santa Cruz y según el titular del gremio minero (AOMA), nunca le importaron sus trabajadores «pese a sus frases hechas, sus publicidades y sus falsas promesas».)
En 2016, en San Juan, a más de cuatro meses de que Barrick Gold derramara más de un millón de litros de solución cianurada en el río Jáchal y sus afluentes (lo que se supo a partir de un mensaje de WhatsApp de un trabajador de la mina Veladero), la asamblea «Jáchal no se Toca» denunció que un niño jachallero de cinco años estaba contaminado con metales pesados: plomo, arsénico y mercurio. Desde que esto se conoció, la población de Jáchal anda con miedo de consumir carnes o frutas envenenadas y que los metales pesados se le metan por el cuerpo. No se conoce el alcance del impacto sobre la salud de la población de Jáchal que han tenido los sucesivos derrames de la mina Veladero (al día de hoy son al menos cinco). Las dudas desaparecerían si se hicieran controles sobre la población, pero el gobierno de la provincia se ha negado sistemáticamente a ello.
Un párrafo aparte merece la minería de uranio, una de las más nefastas para la salud humana. Instalar una mina de uranio cerca de un pueblo es condenar a ese pueblo a sufrir por décadas todo tipo de padecimientos. Un estudio del Centro Nacional de Estadísticas de la Salud de EEUU concluyó que el número de defectos en bebés que habitan en zonas próximas a minas de uranio en Utah, Nuevo México, Colorado y Arizona, es un 10 a un 150 % superior al promedio nacional.
La minería de
uranio es perjudicial por las sustancias
que se utilizan en el proceso de lixiviación, siendo la principal el ácido
sulfúrico,[6] aunque
en la mina «Ivana» de Valcheta se usaría carbonato de sodio (que tampoco es inocuo), por las características especiales del depósito. Al igual que el plomo, el uranio es un metal pesado y por ende tóxico: afecta
al sistema óseo, a los riñones y a otros órganos del cuerpo humano. Pero el
uranio además es radioactivo, al igual que los productos de su desintegración,
y por lo tanto cancerígeno, sobre todo cuando se ingiere
o inhala junto al gas radón-222. Este último
gas, normalmente liberado en las minas de uranio, es, de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, la segunda causa de cáncer de pulmón luego
del tabaco. Las condiciones climáticas en nuestra región patagónica son propicias para que el polvillo
de uranio proveniente de una megamina
como la de Valcheta se
disperse rápidamente y cubra una
superficie importante. De manera previsible,
esas partículas de polvo de uranio y sus subproductos terminarán, a la corta o a la larga, contaminando los escasos
cuerpos de agua de la región y afectando a plantas y animales, por supuesto también a los seres humanos.
Particularmente afectados serán les niñes de los parajes rurales y los puestos
próximos a las megaminas, entre otras causas por estar más en contacto con el suelo, y por tener una superficie
corporal relativamente amplia con relación
a su volumen corporal (el uranio puede ser absorbido al entrar en contacto con
la piel). El riesgo concreto de la
megaminería en general (no solamente de uranio) sobre la salud de la población
infantil, adolescente y mujeres embarazadas, ha sido reconocido sin medias
tintas en una publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría.[7] No hace falta decir que los primeros contaminados por la exposición al uranio y al gas radón
serán los propios trabajadores de la mina,
como ha sucedido en otras partes del mundo.[8]
RAZÓN 3: PORQUE
LA MEGAMINERÍA GENERA IMPACTOS SOCIALES NEGATIVOS.
Los impactos sociales negativos de la megaminería metalífera son muchísimos.
1. Ok: los sueldos mineros promedio suelen
ser más altos que otros sueldos del sector privado. Según datos aportados por
el gobierno argentino en 2022, el sueldo bruto promedio de la minería duplica (109%) el
sueldo bruto promedio del sector privado, siendo la provincia de Santa Cruz la
que cuenta con los sueldos mineros más altos.[9]
En realidad, son los jerárquicos, los profesionales y los técnicos agremiados
en ASIJEMIN los que están relativamente bien,[10]
aunque también en este segmento hay denuncias por despidos injustificados, discriminación
de las mujeres, malas condiciones laborales, etc.[11]
El resto de los trabajadores (agremiados en AOMA, en menor medida en UOCRA, y
tercerizados) vive una situación distinta: sueldos insuficientes, precarización,[12]
despidos injustificados,[13]
jubilaciones anticipadas, indemnizaciones bonificadas,[14]
extensión extorsiva de la jornada laboral, modificación arbitraria del
cronograma de los roster,[15]
feriados trabajados impagos y horas de traslado que no se cuentan,[16]
altas tasas de accidentalidad,[17]
y hasta denuncias de explotación laboral.[18],
[19],
[20]
Cada yacimiento paga diferente, lo que plantea un problema a la hora de evaluar
la situación salarial real del sector.[21]
2. La megaminería impacta profundamente en el modo
de vida de les pobladores rurales,
impulsando a muches de elles a emigrar hacia las ciudades, buscando otros modos
de subsistencia. Del mismo modo, muches trabajadores urbanes de otros lugares
emigran a las ciudades próximas a las minas en busca de trabajo, en minería o
en cualquier otra actividad. De esta forma,
en corto tiempo, se produce en esas ciudades un aumento de la demanda de
los servicios estado (salud, educación, vivienda, seguridad, etc.), quedando en manos del estado
el sostenimiento de esa infraestructura y de esas prestaciones, una vez acabada
la vida útil de la mina (13 años en el caso de Ivana, 5 a 7 en el caso de
Calcatreu).
3. Los
trabajadores mineros son mayoritariamente varones, de modo que la megaminería
tiende a masculinizar el mercado laboral local, recargando sobre las mujeres
los trabajos de cuidado, como las tareas domésticas, el cuidado de
les niñes y las personas mayores, etc. Según el investigador Sebastián Gómez
Lende (2022, p. 97):[22]
«el Código de Minería argentino establece
claramente que no debe emplearse a mujeres en las minas y la ley regulatoria
del contrato de trabajo prohíbe ocupar a mujeres en tareas que revistan el
carácter de penosas, peligrosas o insalubres.» Aun así, como el propio Gómez Lende informa,
un porcentaje alto de las pocas mujeres que la megaminería ocupa cumple tareas rigurosas
y de riesgo. Esas pocas mujeres mineras suelen cobrar menos que los varones por
hacer lo mismo.
4. Muchos
trabajadores varones suelen venir de otros lugares,
por lo que la megaminería suele provocar situaciones de desarraigo, favoreciendo la
instalación de casas de juego y prostíbulos en las poblaciones cercanas a
las minas, normalmente vinculados a la trata de personas.
5. La megaminería produce un deterioro de la calidad institucional y el abandono
por parte del estado de los servicios elementales,
delegándolos en manos de las empresas. Promueve el autoritarismo, las presiones, la extorsión, la persecución a las organizaciones ambientalistas, etc. Normalmente, la megaminería termina conduciendo a la militarización de los territorios.
RAZÓN 4: LA MEGAMINERÍA CAUSA IMPORTANTES DAÑOS AMBIENTALES.
En primer lugar,
apuntamos los daños ambientales ocasionados
por accidentes, tales como derrames por roturas de diques de relaves, roturas
de ductos, filtraciones, etc. Estos
accidentes suelen ser extremadamente graves, por la contaminación que ocasionan y sobre todo por la duración de sus secuelas.
Los accidentes en la megaminería no son una posibilidad remota:
en los últimos años nuestro país ha atestiguado accidentes muy graves, como el de San Juan en 2015, cuando
se derramaron en el río Potrerillos más de un millón
de litros de solución
cianurada de la mina Veladero, perteneciente a la canadiense Barrick Gold y a
la china Shandong Gold (50% y 50% desde 2017), contaminando a la población de Jáchal, a la que, dicho
sea de paso, se intentó ocultar
la magnitud y los alcances
de ese derrame.
En realidad no
fue un único derrame grave sino tres (al menos) (a los derrames menores no los
contamos). Uno en 2015, otro en 2016, otro en 2017, y el último en 2022. El
Código Minero argentino establece que al tercer derrame grave la mina debería
cerrarse definitivamente.[23]
La mina, por supuesto, no se cerró ni se pensó en cerrarla.
Otro riesgo
concreto es el de los drenajes ácidos. Estos suelen producirse cuando
llueve sobre las escombreras de una mina, cuando
una mina desecha
el agua utilizada en sus procesos, o cuando las minas viejas o cerradas
se inundan y desbordan. Los sulfatos y metales pesados
presentes en las rocas removidas reaccionan con el oxígeno,
produciendo ácido sulfúrico
y liberando metales
pesados tales como cadmio, plomo y mercurio que son altamente tóxicos
para cualquier forma de vida. (Más
adelante hablaremos del dudoso cierre de Mina Ángela en Chubut y su posible
incidencia en la contaminación con cadmio de
varios de los afluentes del arroyo Maquinchao en Río Negro.)
No hay dudas de
que la megaminería contamina las aguas. En un estudio realizado en EEUU mencionado en el libro «15 Mitos y
Realidades de la minería transnacional en la Argentina» sobre una muestra
representativa de las 183 mayores
minas que operaron en ese país desde 1975, se encontró que en el 76% de los
casos exceso de cobre, cadmio, plomo,
mercurio, níquel, zinc, arsénico, sulfato y/o cianuro en las aguas superficiales y/o subterráneas, respecto
a los estándares de calidad
en referencia a lo pronosticado en los correspondientes
Informes de Impacto Ambiental. Los mencionados derrames de Veladero en San Juan han contaminado los ríos no
solo con cianuro sino también con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio,
bario, plata, cromo, níquel, cadmio y cobalto.
En 2016 y 2019, la justicia condenó a Minera Alumbrera y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por haber contaminado el agua superficial de la localidad de Alpachiri, en Tucumán. En Argentina premiamos a los contaminadores: Minera Alumbrera se prepara para explorar y explotar el yacimiento Agua Rica, donde la infraestructura que se utilizará será de YMAD, empresa interestadual donde la Universidad Nacional de Tucumán es socia.
Cierro con el tema de la contaminación del agua. En otro posteo daba cuenta de la inminencia de contaminación con cinc de la capa freática en el área de La Estanciera, en el ingreso a Las Grutas, en el sitio donde se ubicaban instalaciones de la planta de Fundición de Mina Gonzalito. Si no se toman medidas urgentes, la contaminación de la capa freática allí es segura.
La megaminería deja pasivos ambientales muchas veces irreparables, entendiendo por pasivos
ambientales situaciones generadas por la mano humana que representan un
riesgo para la salud o el ambiente. En el caso de la megaminería, los pasivos
ambientales consisten normalmente en sitios dañados
que requieren remediación: paisajes físicamente alterados, pilas de desechos,
contaminación del agua, edificios y plantas abandonadas, pérdida de vegetación, pozos abiertos, huecos, etc.
Además, numerosas fuentes de contaminación para las aguas superficiales y subterráneas así como para el suelo;
por ejemplo: filtraciones de ácido, lavado de metales, aumento en sedimentos y contaminación por hidrocarburos.
Cuando se habla de pasivo ambiental minero, a los rionegrinos inmediatamente se nos viene a la cabeza San Antonio Oeste y su suelo contaminado con el plomo de la planta de fundición de Mina Gonzalito, cuestión que ya abordé cuando toqué el tema de los impactos de la minería sobre la salud humana (y en otro posteo en este mismo blog: «El plomo sigue ahí») . Los sucesivos gobiernos no han logrado levantar este pasivo ambiental dejado por Geotécnica, luego de que se declarara en quiebra y se fuera a la mierda, hace ya cuarenta años. No lo han logrado a pesar de que se han volcado en esa tarea cuantiosos recursos. El ambicioso Programa (nacional) de Gestión Ambiental Minera (Geamin) fue llevado a cabo entre 2007 y 2013 merced a un millonario préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entre uno de los subprogramas del Geamin se hallaba la remediación del sector antiguamente ocupado por la planta de fundición de Mina Gonzalito. Es historia conocida que, en 2018, la empresa Taym a cargo de la remediación, dio por finalizadas las tareas, con la anuencia del Geamin, aduciendo un grosero error de cálculo en el volumen de escorias por parte de una consultora. La provincia de Río Negro no solo no pudo prevenir la contaminación con plomo, sino que tampoco pudo remediar la contaminación del suelo. Más allá de las responsabilidades compartidas entre Nación, Provincia y Municipalidad, lo cierto es que han pasado cuarenta años y aún el suelo de un sector de San Antonio Oeste está contaminado. Eso es lo único cierto.
Cabe aquí citar lo manifestado en noviembre de 2019 por Oscar Lamberto, presidente de la Auditoria General de la Nación en ocasión de una auditoria realizada sobre todo lo hecho por Taym y el desempeño de los organismos intervinientes: «Este es un típico caso de pasivos ambientales y las obligaciones de las empresas, que en general, nunca las hacen, las hacen tarde o las hacen mal, y quedan consecuencias para las generaciones futuras que a veces son muy graves. En este caso se trata de minas de plomo, que tienen efectos en la salud de las personas.» (Las negritas son mías.) Multisectorial del Plomo SAO
El cierre de una mina por parte o por encargo de la empresa encargada de su operación, es algo excepcional: en nuestro país casi no existen antecedentes. De hecho, según el Censo Nacional a la Actividad Minera 2017 correspondiente al 2016, el 57,6% de las empresas encuestadas reconoció que no contaba con un plan de cierre de mina. Hoy por hoy, Santa Cruz es la única provincia que posee una ley de cierre de mina (la Ley N° 3751) (video, 10''). En Río Negro, el diputado radical Alejandro Betelú presentó en 2014 un proyecto del ley (N° 787/2014) para regular el cierre de las minas en el ámbito de la provincia, pero el mismo caducó en 2016. Santa Cruz es la única provincia que dispone de una ley de cierre y aun así el gobierno santacruceño está teniendo un montón de problemas para que Minera Triton (Pan American Silver) presente un plan de cierre serio para Manantial Espejo (plata y oro como subproducto). Digo serio porque el plan que había presentado era trucho, razón por la cual fue rechazado por la provincia de Santa Cruz en febrero de 2023. Previo a eso, y sin esperar el OK del gobierno, Minera Triton abandonó la mina y dejó en banda a 200 trabajadores, con un alto impacto social y económico para la localidad de Gobernador Gregores (unos 5.000 habitantes). El 10 de abril de 2023 vencía el plazo para la presentación de un nuevo plan de cierre por parte de la empresa (desconozco si finalmente lo hizo). Así va la cosa con la primera experiencia de cierre de una mina en Santa Cruz.
De la lectura del Decreto Reglamentario N° 1494 de la mencionada Ley provincial N° 3751 surgen algunos datos interesantes. En primer lugar, la norma NO obliga a la empresa a restaurar el lugar, es decir dejarlo lo más parecido posible a como lo encontró, sino de rehabilitarlo, es decir, según la definición que da la propia reglamentación, «(procurar que) las áreas que hubieran sido utilizadas o impactadas por los diferentes componentes de las actividades mineras, alcancen estabilidad física, química, hidrológica y biológica; dejando el terreno en condiciones ambientales aceptables para usos posteriores y dando respuesta a todos los grupos de interés externos e internos» (la negrita es mía). Un «uso posterior» podría ser un mega basurero electrónico o de alguna otra cosa, o algo que pueda hacerse en pozos de hasta 600 metros de profundidad, como es el caso de Manantial Espejo, porque rellenar esos pozos, lo veo difícil. (Estemos atentes qué terminan haciendo ahí.) La restauración, es decir, volver el sitio lo más posible a su estado original, de manera de garantizar los beneficios ecosistémicos que prestaba antes de ser impactado, te la debo.
En 2012, el representante de Pan American Silver en Jacobacci explicó que harían esto en Calcatreu (ese año PAS era todavía propietaria de este proyecto, hoy lo es Patagonia Gold): «antes de proceder a la voladura del cerro, se quitará la capa fértil del suelo y la estéril, que quedarán a un costado. Una vez que la vida útil del yacimiento llegue a su fin, se rellenará el pit (hoyo, en inglés) hasta el nivel del suelo que circunda a los cerros y se colocará nuevamente la tierra estéril y la fértil, y se implantará el bosque nativo.» Obviamente no lo pensaban hacer (saben que es un delirio). Como no lo piensan hacer en Santa Cruz (donde se quedaron con las minas de Yamana Gold y las que ya tenían), ni en Chubut (donde tienen el proyecto Navidad), ni en ningún otro lado. Insisto; en el mejor de los casos, dejarán el sitio en condiciones ambientales aceptables para «usos posteriores». En una publicación del Servicio Geológico Minero de Argentina (SEGEMAR) esto está dicho bien clarito: «Cabe agregar que lo que aquí llamamos genéricamente “remediación” puede tener diferentes formas y modalidades y no necesariamente se trata de borrar todo vestigio del establecimiento. De hecho hay minas que se convirtieron en museos, en escuelas de minería o en centros de atracción turística.» (Las negritas son mías.)
¿Quién decide ese «uso posterior» de una mina por cerrarse? Es más: ¿quién decide dar a la mina un «uso posterior»? Porque la comunidad, en definitiva, podría querer que el sitio sea restaurado, vuelto a su estado original, no rehabilitado para un «uso posterior». Bueno, parece que es la propia empresa la que decide todo eso. La empresa, al elaborar su plan de cierre, debe incluir una evaluación de alternativas de uso post minero (capítulo del plan de cierre que podría llevar por título: «Mil maneras de zafar de la restauración»). Así lo indica un documento de la Secretaría de Minería de la Nación de 2021: «Se deberá incorporar (en el plan de cierre) la evaluación de alternativas de usos posteriores del suelo y de infraestructuras bajo el criterio de que la minería se hace un uso temporal y productivo de la tierra, que sienta las bases para darle otro fin productivo.» y abajo, en una nota al pie: «Puede no haber alternativas viables de usos posteriores del suelo y de la infraestructura, pero esto debe ser fruto de un análisis expreso realizado con este objetivo.» Suena a: no me pidan restaurar si se puede usar para otra cosa. Lo del museo o la escuela de minería o sitio de interés turístico es lo que seguramente dirán que se puede hacer.
Uno de los pocos ejemplos (si no el único) que
el colectivo megaminero tiene para exhibir es el de Mina Ángela, una mina subterránea polimetálica (de oro,
plata, cobre, plomo y zinc) ubicada en el Departamento de Gastre (Chubut)
cerrada a principios del milenio. Mina Ángela operó entre
1978 y 1992 a cargo de una empresa de capitales británicos, dejando tras su
cierre un pasivo de hasta 1.500.000 toneladas de relaves
mineros, incluyendo posiblemente 25 toneladas de cianuro.
Mina Ángela se encuentra comprendida en un área de 200 km2 actualmente en manos de Patagonia Gold, la actual propietaria del proyecto
Calcatreu.
El celebrado cierre
de Mina Ángela estuvo muy lejos de ser ejemplar. En primer lugar, fue realizado en solo seis meses, y el
compromiso asumido por parte de la
empresa Cerro Castillo de monitorear las aguas fue solo por dos años, de
acuerdo con el Plan presentado por la empresa y aprobado por las autoridades ambientales
de la provincia del Chubut en solo
un mes. (Tengamos en cuenta que el Decreto Reglamentario N° 1494 de la Ley provincial N° 3751 de la provincia de Santa Cruz, establece una etapa post cierre, que incluye los monitoreos, de un mínimo de 10 años para los minerales de primera categoría, y que el plan de cierre de Bajo de la Alumbrera contempla 5 años de monitoreo post cierre.) Básicamente, el plan de cierre de Mina Ángela consistió en enterrar con roca entre 900 mil y 1.500.000 toneladas de relaves mineros.
Cuando en 2005, transcurridos cinco años del cierre, se detectó cadmio
en carne de caballos provenientes de la Línea Sur rionegrina, todas las sospechas apuntaron a Mina Ángela,
ya que las aguas de las proximidades de la mina drenan
normalmente hacia el norte, hacia nuestra Línea Sur, a través del arroyo Maquinchao, afluente
principal de la laguna Carrilaufquen chica. (El cadmio es un subproducto
de la minería de zinc, plomo y cobre, y puede producir infertilidad, daños al
sistema nervioso, desórdenes psicológicos y cánceres.)
De cualquier
forma, Mina Ángela es una mina subterránea: no existen antecedentes en nuestro
país de un cierre de una megamina a
cielo abierto. Junto con Manantial Espejo, una de las primeras experiencias será Bajo de la Alumbrera (cobre, oro, molibdeno) en la provincia de
Catamarca, cuyo cierre está previsto para los próximos años. Un cierre que plantea desafíos técnicos de tal magnitud,
que hacen presagiar un rotundo fracaso. (Más adelante me referiré a la remediación de la mina de uranio de Sierra Pintada, en Mendoza.)
Sí de minas abandonadas
sin cerrar se trata, debemos hablar de la minería de uranio. En nuestro país, la
responsabilidad por la gestión de los residuos radiactivos, como los que se
acumulan en una mina de uranio abandonada, recae en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Hace
algunos años, los técnicos de la comisión diseñaron un proyecto para la
restitución ambiental de las minas de uranio abandonadas a lo largo y ancho
del país (PRAMU): Mendoza,
La Rioja, Salta,
Córdoba, Chubut, y San Luis. Para ello, el
país obtuvo en 2010 un crédito
de 70 millones de dólares
del Banco Mundial,
destinados a trabajos
de remediación en el ex
complejo fabril de Malargüe (Mendoza), y al desarrollo de opciones técnicas, ambientales y sociales para la remediación
de «El Chichón» (en Alta Córdoba), Los Gigantes, y otros sitios no especificados (el crédito no contemplaba la
restauración de la totalidad de los sitios existentes).
Al final, los morlacos
del Banco Mundial alcanzaron solo para Malargüe
(Córdoba fue relegada). En esta ciudad del sur
mendocino, en un sector de 7 ha donde había colas de mineral de uranio
procedentes de la mina El Huemul (hoy adquirida por Consolidated Uranium, una empresa minera canadiense), el material potencialmente tóxico fue
encapsulado mediante una técnica compleja, y luego se puso encima un parque recreativo. Más allá de la eficacia de la
técnica del encapsulado, y de nuestras
legítimas y fundadas dudas sobre la posibilidad de restaurar de forma efectiva
un sitio dañado por la minería
de uranio, queda clara una cosa: que la pretendida restauración de la minería
de uranio es un proceso sumamente
complejo y costosísimo para el país (de
ahí que la de Malargüe haya sido celebrada como la
primera obra de remediación ambiental de la minería del uranio en Latinoamérica).
(Dicho sea de paso, no está claro qué corno pasó con ese parque recreativo. En 2017, apenas inaugurado, el mismo fue cerrado debido a tareas de mejora en el parquizado y el sistema de riego;[24] aunque luego se explicó que había un problema con los convenios entre Nación y la Municipalidad,[25] y después que las veredas y los caños se habían roto,[26] y después que faltaba personal,[27] después vino la pandemia. En fin, lo cierto es que, al día de hoy, enero de 2023, nadie sabe bien por qué, el parque recreativo «El Mirador» de Malargüe, construido sobre mierda radioactiva encapsulada, está virtualmente abandonado. Una pregunta de puro malpensado: ¿no habrá otra cosa que no nos están contando?)
(Post scriptum, febrero de 2024: «El Mirador» sigue cerrado. Ahora, la comuna reconoce que los trabajos para evitar la dispersión del uranio no se hicieron bien, y dice que solicitará a la CNEA informes bimestrales. Buena suerte con eso. La comuna también dice que es necesario reforzar los cuidados, por lo que adquirirá detectores Geiser y realizará censos de salud en la zona para detectar enfermedades relacionadas con la exposición al uranio).
Siempre en Mendoza, un párrafo aparte lo merece Sierra Pintada, ubicada al noroeste de San Rafael. En el documento marco del PRAMU de 2005, esta mina de uranio a cielo abierto no estaba incluida, ya que CNEA planeaba reabrirla. Luego, debido a la presión social, CNEA decidió incluir en el PRAMU al Complejo Minero Fabril San Rafael, donde está Sierra Pintada. Como comenté, finalmente el préstamo del Banco Mundial no comprendió su remediación, por lo que CNEA debió hacerse cargo de la misma. A mayo de 2023, oficialmente, existían aún 14 mil kilos de uranio por remover, y las canteras seguían repletas de agua tóxicas. Una funcionaria indicó, en mayo de 2023, «el proceso, una vez que comience (es decir que a esa fecha aún no había comenzado), se extenderá al menos cinco años para el tratamiento de los sólidos (¿2023-2028?). Después se extenderá unos cinco años más (¿2028-2033?) en lo que concierne a todo el procedimiento de evaporación y tratamiento de los efluentes que se generen.»
Hacia noviembre de 2023, es decir prácticamente culminado el ciclo de las autoridades de la CNEA del gobierno anterior, la situación no parecía haber mejorado. Entre los objetivos alcanzados por el organismo durante su gestión, les funcionaries informaban, sin dar mayores precisiones: «se continuaron las actividades de remediación para el Proyecto Sierra Pintada, avanzando en la gestión de pasivos y la puesta a punto de la planta de tratamiento.»
Todo esto ilustra muy bien lo
complejo que es remediar un sitio impactado con uranio o cualquier otro metal pesado (complejidad que raya en
los límites de lo posible), aun disponiendo de los fondos para ello.
En Río Negro como en el resto del país no existe un inventario detallado de pasivos ambientales mineros. Este hecho fue denunciado por la propia Auditoria General de la Nación, luego de una auditoría realizada al SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) y a la SEMIN (Secretaría de Minería de la Nación) en 2020. Al ser consultado por la AGN, el SEGEMAR, encargado de producir el listado de áreas degradadas por la minería, contestó simplemente que «no realizó ni le fue encomendada la realización del Inventario de Pasivos Mineros» y que «no recibió fondos ni bienes para su ejecución».[28], [29]
El simple sentido
común aconsejaría no avanzar en nuevos proyectos
megamineros hasta tanto no disponer de un inventario exhaustivo y (sobre todo) de un programa de remediación de los
pasivos existentes (y fondos disponibles para ello). Pero, lamentablemente, lo
que cuenta aquí y en todos lados son los negocios; los negocios de unos pocos.
RAZÓN 5: LA
MEGAMINERÍA REQUIERE DE ENORMES VOLÚMENES DE AGUA, PARA LA LIXIVIACIÓN Y OTROS PROCESOS INDUSTRIALES.
El enorme
consumo de agua que requiere la megaminería impactará sobre todo en la Línea Sur rionegrina, región que se encuentra bajo un déficit
hídrico que se ha vuelto crónico
en los últimos años. En la Línea Sur hay pocos cursos de agua superficial, por
lo que es claro que las empresas megamineras buscarán utilizar el agua subterránea, lo que producirá, más temprano que tarde, el vaciamiento de los acuíferos
o su contaminación, inutilizando el recurso agua para otras
actividades más sostenibles. No menos importante son los grandes
volúmenes de agua que demandará el mantenimiento de los caminos de tierra.
Por ejemplo, para
el proyecto de oro y plata Calcatreu, la anterior propietaria, la Minera Aquiline Argentina SA, calculó en
2005 que necesitaría unos 26 litros/segundo de agua, lo que equivale a
2.250.000 litros por día, que es la
cantidad de agua diaria que actualmente consumen los casi 12.000 habitantes de
Ingeniero Jacobacci. Ahora bien, para el área de Lipetrén, que es donde se
emplazaría el proyecto Calcatreu, estudios hidrogeológicos realizados en 2006 indican que, para no alterar significativamente el flujo del caudal de agua subterránea, no deberían extraerse más de 1.250.000 litros por día, es
decir que para el desarrollo de esta
explotación se debería extraer casi el doble de este límite. ¿Terminarán
haciéndolo?
Las megamineras suelen retrucar que la megaminería requiere menos agua que la agricultura y la población humana. Varias cosas con relación a este pobrísimo argumento. En primer lugar, el porcentaje de agua que se lleva la megaminería es el que es, pero es seguramente mucho mayor que el indicado por las megamineras si se consideran solo las poblaciones cercanas a las minas, no los totales provinciales o nacionales: para peor, es justamente en esos lugares donde cada gota cuenta (pensemos en las comunidades de los salares altoandinos o en la mencionada Línea Sur rionegrina). En segundo lugar, es capcioso (en el barrio decimos «de mala leche») pretender comparar las cantidades de agua utilizada para consumo humano y en la agricultura, con la utilizada en la megaminería. Dejando de lado que las cantidades de agua para la agricultura que se barajan desde el ámbito megaminero suelen ser exageradas (=mentirosas, ver «15 Mitos y Realidades» p. 77), la comparación que cabría es, en todo caso, con el agua utilizada por el resto de las industrias sumadas (agua para uso o consumo industrial, como se indica en otras fuentes[30]), que en el caso de la provincia de San Juan es diez veces menor. [31] (El agua para el consumo humano y para la producción de alimentos no debería tocarse bajo ningún aspecto: es más, debería aumentarse, lo que no quita que ese uso no deba ser responsable.) En tercer lugar, aceptando que la megaminería consume el agua que dicen las megamineras que consumen, es indudable que en un futuro próximo ese consumo será mucho mayor, ya que habrá más megaminas, si es que las empresas y el gobierno se salen con la suya. Para peor, en muchas regiones de nuestro país (y el norte de la Patagonia es muy sensible en este aspecto) la situación hídrica empeorará en los próximos años, con motivo de la crisis climática (crisis que las megamineras han contribuido a generar en un alto porcentaje).[32]
Otro argumento megaminero repetido es «que el agua a consumir por las megamineras no es apta para el consumo humano, ni para el consumo de los animales, ni para riego. Una consultora contratada por la Blue Sky Uranium (proyecto Amarillo Grande de uranio y vanadio) dijo exactamente esto para el caso de la proyectada mina de uranio «Ivana» de Valcheta (Línea Sur de Río Negro, en el bajo homónimo): que el agua subterránea de allí no sirve para otra cosa que para la megaminería (si bien en el mismo documento, por las dudas de que algune no se crea esto último, les consultores explicaron que aún faltaban estudios hidrológicos para confirmarlo).[33] Para justificar la minería de uranio, en Chubut se ha soltado el mismo flojo argumento: que el agua subterránea de la Meseta Central no es apta para el consumo humano y puede cubrir sobradamente las necesidades del yacimiento»[34] Un argumento/excusa que no resiste un análisis serio, por cuanto existen métodos como el de ósmosis inversa, que podrían, al menos en algunos casos, convertir esa agua subterránea en agua apta para el consumo humano o para el uso agrícola. Climática (Aceptando el cuestionable argumento de las mineras, de que esas aguas no son aptas para el consumo humano o para la agricultura.)
RAZÓN 6: PORQUE
DAÑA EL PAISAJE Y ATENTA CONTRA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL.
El paisaje es
quizás la primera víctima de la minería metalífera a cielo abierto. Donde hay cerros y arroyos, la megaminería deja profundos
cráteres llenos de agua sucia de residuos; donde hay salares y bajos habitados
temporalmente por miles de aves, la megaminería deja infraestructura
herrumbrada y planicies yermas.
La cantidad de roca que se remueve en una mina promedio es enorme. En Calcatreu,
según su propietaria Patagonia Gold, hay
poco más de dos gramos de oro
por cada tonelada de roca, lo que significa que para sacar las 30 toneladas de oro estimadas se necesita pulverizar 12 millones
de toneladas de roca,
lo que es muchísimo.
La megaminería no sabe de áreas naturales
protegidas, eso es para la gilada. En nuestra provincia, Minera Cielo Azul,
subsidiaria de la mencionada Blue Sky Uranium, ha obtenido un montón de
permisos de cateo y de exploración en dos áreas naturales protegidas: Bajo de
Santa Rosa y Trapalcó (un área protegida municipal creada por ordenanza Nº 547/09
del Consejo Municipal de Lamarque) y Meseta de Somuncura (un área protegida provincial creada por decreto
del gobernador Nº356/86). La empresa Trendix también posee áreas de
cateo concedidas dentro de esa ANP. Pero claro, la culpa no es del
chancho.
¿Es posible hacer minería metalífera en un área natural protegida? La respuesta es SÍ, lamentablemente,
lo que confirma lo que todos sabemos, que las leyes son hechas a medida de los
intereses de las corporaciones. El interés de las corporaciones en este caso es obtener
el máximo beneficio económico en el menor tiempo posible. Todo el oro, toda la
plata, todo el uranio posible cuánto antes y al menor costo.
Tan permitida
está la megaminería en las áreas naturales protegidas de nuestra provincia que en
el Plan de Manejo de Meseta de Somuncura de
2008, se reconoce a la minería
metalífera como una amenaza, y sus autores recomiendan tomar acciones
urgentes para hacerle frente. De paso, pregunto: ¿Qué acciones
urgentes se han tomado desde aquel
año para hacer frente a esa amenaza? Es obvio que ninguna.
Otra de las acciones previstas
en el Plan de manejo de Meseta de Somuncura es la de propiciar
las modificaciones del marco
legal vigente que promuevan la prohibición de la minería de metales y la
explotación de hidrocarburos dentro
del área protegida. Por supuesto, nadie nunca propició un carajo.
RAZÓN 7: LA MEGAMINERÍA ES UN MUY MAL NEGOCIO PARA LA PROVINCIA.
Claro, es un
muy buen negocio para las empresas mineras, siempre y cuando se les garanticen
los enormes beneficios que reciben
por parte del Estado
nacional y provincial. En nuestro país, la megaminería ha sido
posible solo a partir de una serie de normas
legales sancionadas entre
1993 y 2001, la más importante de las cuales
es, sin duda,
la llamada Ley de
Inversiones Mineras (Ley N°
24.196), la cual otorga a la minería
un régimen de estabilidad fiscal
por el término de 30 años (no se le pueden aumentar el numero de impuestos por ese periodo), beneficio
del que no goza ningún
otro habitante.
La megaminería no solo no resuelve los problemas económicos de un país, provincia o municipio,
sino que los profundiza. La megaminería forma parte del modelo de economía
llamado «de enclave», donde el único objetivo de la extracción de minerales es
la exportación hacia los países industrializados
sin ningún interés por integrarse al mercado local. En esto último existe una marcada diferencia con la minería tradicional de
segunda y tercera categorías, actividades arraigadas en nuestra provincia desde hace décadas (Río Negro es, por caso, una
gran productora de diatomita y de rocas de aplicación).
En este sentido, y más allá del marco legal favorable, la megaminería es totalmente dependiente del
precio internacional del commodity mineral,
y eso no está bueno. Por ejemplo, Mina Ángela (en Chubut) cesó sus operaciones
en 1998-1999 a causa de una importante baja en el precio internacional del oro y
el «agotamiento de sus reservas económicas» (eufemismo para decir que se les pinchó
el negocio). Otra situación similar se dio en 2017 con Minera Sierra Grande, operada por MCC, cuyo cierre fue
justificado por una baja en el precio internacional del hierro. El mismo año, la empresa canadiense Cameco, una de las
productoras de uranio más grandes del
mundo, anunció la suspensión de la producción en dos de sus minas debido al
bajo precio del uranio en los mercados. A raíz de ello, unos 850 trabajadores quedaron
en la calle. Y los ejemplos de este tipo se multiplican.
La megaminería metalífera es incompatible con otras actividades productivas más sostenibles, ya que compite con ellas por el espacio,
el agua, la energía y otros
recursos, en condiciones absolutamente
desiguales, por tratarse la megaminería de una actividad fuertemente
subsidiada, como ya comenté. A la
corta o a la larga, la megaminería termina siempre estrangulando a las demás actividades productivas, como la ganadería, la frutihorticultura, el turismo de naturaleza,
otras actividades industriales de bajo impacto, e incluso a la propia minería
tradicional.
RAZÓN 8: LA
MEGAMINERÍA GENERA MUY POCOS PUESTOS DE TRABAJO.
Destruye más de
los que genera. La mayor cantidad de puestos de trabajo que genera son sobre todo durante
la construcción de las obras de infraestructura: los primeros 2 o
3 años. Luego de eso, desde el comienzo de la operación de la megamina hasta su cierre definitivo (o
hasta su abandono), la mano de obra empleada es muy poca. (Muy poca mano de obra y por un corto periodo de tiempo, ya que la vida media
de una megamina suele rondar los diez o quince
años.) En Bajo de La Alumbrera, luego de los 4.000 puestos generados
entre 1996 y 1998, la cifra se redujo drásticamente a menos de 900 en 2002. No
conocemos a ciencia cierta cuántos puestos de trabajo se generarán en Calcatreu.
En 2018, ante la pregunta
de la entonces senadora Magdalena
Odarda, el Jefe de Gabinete Marcos Peña respondió que
la mina absorbería una mano de obra de 80 personas
durante la fase de operación de cinco años (80 personas que seguramente no
serán todas residentes de Jacobacci, agrego yo). Pocos puestos de trabajo por poco tiempo no necesariamente continuo, ya que la empresa operadora de la megamina
puede decidir el cese temporario o definitivo de la producción en
función de distintos factores, por ejemplo,
el precio internacional del mineral. Si esas personas trabajadoras no consiguen
rotar y ubicarse en otro lado, al acabar la vida útil de la mina sencillamente
quedarán desempleadas, como sucedió recientemente con 400 trabajadores de Mina
Aguilar, en Jujuy.[35]
Según un
informe del Colectivo Voces Alertas,
la generación de puestos de trabajo por cada millón de dólares invertidos es
muy bajo en minería (de 0,5 a 2 empleos directos), comparado con otros sectores
exportadores, como el automotriz e incluso el sector petrolero.[36]
El número de puestos de trabajo que se baraja
desde los sectores megamineros suele estar muy inflado. Incluso suele haber discrepancias entre
las distintas fuentes oficiales. Por ejemplo, para el año 2007, la Secretaría de Minería de la Nación y
la Cámara Argentina de Empresarios Mineros aseguraron que la
actividad minera había generado 40.000 empleos directos, mientras que el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC)
estimó para ese año una plantilla laboral sensiblemente menor:
menos de la mitad.
Los sectores
pro megaminería afirman que los puestos indirectos de la minería superan por mucho a los empleos directos. Calculan el
total de empleos indirectos multiplicando
los directos por dos o tres,[37]
cinco,[38]
seis,[39]
siete,[40]
y hasta diez.[41] ¿De
dónde sacan esos números? Maristella Svampa y Quique Viale en su libro
Maldesarrollo (p. 190) refieren que el número de puestos indirectos se obtiene
aplicando coeficientes calculados a
través de las compras que realiza un sector económico a otros. Citan
una investigación de Ariel Slipack en la que este economista estima, para el
sector minería de Argentina (no solo de la metalífera) y para el 2012, 1,7
puestos indirectos por cada puesto directo.
Maldesarrollo (p.
190) también da cuenta de un informe de 2011 del IERAL de la Fundación
Mediterráneo en el que se indica que, para la «gran minería» y para el año 2009, 1,6 puestos indirectos por cada
puesto directo (bastante coincidente con los números de Slipack).
Otros datos
disponibles incluso arrojan cifras más bajas. Según el Observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina, citando cifras oficiales de Minera
Alumbrera, los empleos directos en
2010 eran 1.400 (no los 10.000 prometidos en 1993 por el gobierno de Catamarca)
y los indirectos apenas 630: menos de la mitad.[42] Claro, los puestos indirectos no necesariamente se generan en el área del proyecto.
RAZÓN 9: LA
MEGAMINERÍA CONTRIBUYE POCO O NADA AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS
LOCALIDADES CERCANAS.
El científico santafesino Alberto Cassano refiere que «muchas veces
el transporte pertenece a la misma minera, las casas de comida son
negocios de la propia empresa y la indumentaria es adquirida en las grandes ciudades y no precisamente en los poblados
vecinos.»
Continúa Cassano.
«Por otra parte -y es la cuestión más crítica en este aspecto- la maquinaria
empleada en la explotación (que
además es importada y no paga recargos) y las partes que involucran mayor tecnología de la cadena productiva, no se
desarrollan ni se construyen en el país, por lo tanto no hay impacto de la minería sobre la metalurgia local.»[43]
La megaminería emplea trabajadores, en su mayoría varones y con experiencia megaminera, provenientes de fuera del lugar de la megamina, sobre todo de otras provincias megamineras. Por caso, en Bajo de La Alumbrera, según datos de las propias empresas que operaron esa megamina, en 2001 sólo un 30% de los trabajadores eran catamarqueños. Para 2012 esos datos no habían mejorado mucho: apenas un 40%. En Santa Cruz, la legislación obliga a un 70% de mano de obra provincial, pero a 2016 solo una cumplía (Cerro Vanguardia, de la anglo-sudafricana Anglogold-Ashanti), el resto estaba bastante por debajo (p. 19). Fuentes independientes indican que, en Santa Cruz, apenas un 5% de los trabajadores mineros proviene del área de influencia del yacimiento (p. 19).
Para San Juan, el porcentaje efectivo de trabajadores locales es más alto (más de un 80%) pero esos trabajadores no provienen necesariamente de las localidades más cercanas al emprendimiento (las altas cifras de trabajadores sanjuaninos en San Juan se explican por ser esta una provincia donde la minería posee un gran peso: de desarrollarse la megaminería metalífera en Río Negro, seguramente habrá también una importante presencia de trabajadores sanjuaninos, como seguramente también santacruceños).[44] Siempre el argumento es el mismo: la baja calificación de la mano de obra local. El trabajo local siempre está reservado a sectores de baja calificación (y por ende baja remuneración). Como la propia Patagonia Gold lo reconoce en su informe anual correspondiente al año 2019: «la fuerza laboral para las actividades de exploración de la Patagonia ha consistido principalmente en personal profesional de los principales centros regionales en Argentina y personal de apoyo proveniente de las comunidades locales.»[45]
El investigador Sebastián Gómez Lende de la Universidad Nacional del
Centro de la provincia de Buenos Aires, quien ha estudiado
a fondo los casos de Catamarca y San Juan, da cuenta de los
porqués de esa realidad: «la contratación de fuerza de trabajo proveniente de
otras provincias y/o de países
limítrofes de menor desarrollo relativo obedece a varios factores. El poder de representación y negociación sindical
de los obreros foráneos es más débil,
razón por la cual esta fuerza laboral rápidamente desiste
de esgrimir reivindicaciones gremiales, resignándose a condiciones
laborales más precarias y/o ilegales, tales como jornadas y calendarios
laborales más largos y agotadores,
remuneraciones más bajas, realización de tareas peligrosas bajo condiciones climáticas inhóspitas, carencia de los
instrumentos de trabajo más elementales - arnés, ropa de abrigo, y falta de pago de horas extra y de jornadas
no trabajadas por enfermedad o accidentes (...).»
«La gran incidencia de esta fuerza de trabajo
en la minería provincial permite
también el ocultamiento a las comunidades locales de
graves falencias en materia de seguridad laboral e impacto ambiental, así como también la rápida ‘repatriación’ a sus lugares
de origen de los obreros afectados por accidentes o enfermedades para evitar que las tasas de mortalidad provincial reflejen correlación alguna entre la actividad y el
aumento de defunciones por cáncer y patologías bronco- pulmonares (...).»[46]
Gómez Lende, en otro artículo en el que aborda el mercado de trabajo vinculado a la minería metalífera en la provincia de Santa Cruz, recupera las palabras del intendente de Gobernador Gregores de entonces (2016) que expresan que el empleo local de la minería en la localidad es ínfimo. (Según este autor, los trabajadores de la minería metalífera en toda la provincia de Santa Cruz en 2016 apenas superaban los 4.000, menos de un 5% de la fuerza de trabajo ocupada de la provincia.)
Con relación al impacto de la megaminería en los comercios locales, Gómez Lende refiere que, por lo general, las empresas santacruceñas compran afuera. De hecho, cito del trabajo de Sebastián del 2016, «la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz y la Cámara de Comercio de Gobernador Gregores han denunciado reiteradamente que las concesionarias de Manantial Espejo (Pan American Silver entre ellas) adquieren el 85% de los insumos requeridos fuera de la provincia, relegando al comercio local a la función de abastecimiento a pequeña escala, o bien para satisfacer urgencias» (p. 21).
En nuestro
país, las llamadas
«provincias megamineras» se encuentran entre las más empobrecidas.
Según Svampa y Viale (en Maldesarrollo, p. 188) Catamarca era, en 2009, la
provincia con mayor número de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo
(AUH). Para 2020, esa situación no había cambiado. Según el diario «El Ancasti» (edición del 3 de junio)
el 67% de los catamarqueños ha tenido que recurrir al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Luego de 20 años de
Bajo de La Alumbrera, la minería de cobre ha dejado
muy poco y no ha apalancado ni dinamizado nada, y todos los índices sociales
de Catamarca han empeorado. En San Juan y en Santa
Cruz la situación no parece ser muy diferente.
La actividad
megaminera se encuentra concentrada en pocas empresas transnacionales cuyo
objetivo es obtener ganancias. De hecho, la megaminería
«derrama» muy poco si se toma en cuenta lo que se lleva o lo que deja en
términos de pasivo ambiental y social
(esto último nunca se toma en cuenta en las ecuaciones económicas de las
empresas y los gobiernos). Ya hablamos
de Ley de Inversiones mineras
de los 90. De acuerdo
con esta ley, las regalías que
pueden percibir las provincias no pueden superar el 3% sobre el valor de boca mina del mineral extraído, lo que está muy por debajo del 12% que las mismas pueden
cobrar sobre la producción de petróleo y gas. (Incluso, hubo veces en que ni
siquiera se cumplió con ese 3%. Svampa y Viale informan en Maldesarrollo (p.
193), que para el año 2009 la canadiense Barrick Gold aportó apenas un 1,7% en
concepto de regalías por lo extraído de su megamina Veladero, en San Juan.) Pero eso no es todo. Las firmas pueden deducir
en el balance de impuesto a las
ganancias el ciento por ciento de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios
especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación aplicada, y demás trabajos
destinados a determinar la factibilidad técnico-
económica de los mismos (art. 12 de la ley de Inversiones Mineras Nº 24.196).
Además, la legislación prevé
deducciones impositivas para obras civiles y construcciones para proporcionar
la infraestructura necesaria para el
emprendimiento minero, como accesos, obras viales, obras de captación
y transporte de agua, tendido de líneas de electricidad, instalaciones para la generación
de
energía eléctrica, campamentos, viviendas para el personal, obras destinadas al servicio de salud, educación, comunicaciones, y otros
servicios públicos como policía, correo y aduana (art. 13 de la ley de Inversiones Mineras Nº 24.196).
La aventura
megaminera es mala especialmente para los municipios, por lo que cuesta
entender el entusiasmo de algunos
intendentes. En primer lugar, la Ley N° 24.228/93 que sanciona el Acuerdo
Federal Minero, establece
la eliminación de gravámenes y tasas
municipales. En segundo lugar, es muy poco lo que los municipios suelen recibir
en concepto de regalías. Particularmente en Río Negro, la coparticipación a los
municipios productores mineros se rige por la ley provincial N° 1.946/85. En este sentido, solo un 10% de las
regalías hidrocarburíferas y mineras se coparticipan
a los municipios (art. 3) (un 10% del 3% del total de lo que las empresas
declaran a la provincia). En Andalgalá, a más de 20 años de iniciada
la operación de Bajo de la Alumbrera (una de las minas
más grandes del país), aún están esperando los beneficios del famoso derrame.
RAZÓN 10:
PORQUE ES UN ENGAÑO EL ARGUMENTO DE QUE LA MEGAMINERÍA ES NECESARIA PARA TRAER DÓLARES AL PAÍS.
Se suele escuchar que no podemos cerrarnos a la megaminería porque el país necesita dólares. Varias cosas para decir con respecto a este argumento. En primer lugar, un comentario obvio: que aunque así fuera (que necesitemos esos verdes), convendremos en que no se puede hacer cualquier cosa con tal de obtenerlos. Si la megaminería es una mala apuesta, como hemos visto a lo largo de este posteo, no debemos ir por ese lado, deberíamos ver de que otra manera traer esos benditos dólares que el país necesita. En segundo lugar, el país necesita muchos dólares HOY, pero esto no fue siempre así, por lo que la falta de dólares más que un argumento suena a una excusa. De hecho, las políticas seguidas por los gobiernos enamorados de la megaminería (prácticamente todos desde 1989), no han sido coherentes con relación a este punto. En efecto, en 2004, Néstor Kirchner, por medio del Decreto Nacional N° 753, eximió a las empresas megamineras transnacionales de la obligatoriedad de liquidar en el país las divisas obtenidas de las exportaciones. En 2011 Cristina Fernández restableció esa obligatoriedad con el Decreto N° 1722. En 2017 Mauricio Macri devolvió a las megamineras ese beneficio a través del Decreto N° 893... para volvérselo a quitar en septiembre de 2019 con el DNU 609 y la comunicación 6.770 del Banco Central que obliga a las empresas exportadoras a liquidar las divisas dentro de los cinco días hábiles de cobrada la operación. Claro, las empresas que operan aquí también necesitan muchos dólares, por un lado para importar equipamientos e insumos, y por el otro para enviar a sus casas matrices: para llevárselos afuera (por eso la puja histórica por la libre disponibilidad de los dólares que obtienen).
Lo que
se observa aquí como política
de Estado es un apoyo
total, incondicional, y por ende bochornoso a
la megaminería, al margen
de un eventual ingreso de divisas.
En todo caso, el interés por manotear los morlacos yanquees de la megaminería
parece ir y venir, de acuerdo con la
necesidad de cumplir con los pagos
de la deuda externa: nuestra maldita deuda eterna.
El país puede
cobrar retenciones a la exportación de minerales (de hecho actualmente lo
hace), pero la política seguida por
los últimos gobiernos en este sentido tampoco ha sido constante. Actualmente se habla de bajar las
retenciones (no de subirlas), las cuales desde diciembre de 2019 rondan el 8%.[47] (El proyecto de ley ómnibus de Milei mantenía el 8% para el oro y la plata el 4,5% para el resto de la minería, incluyendo al litio. (Alberto Fernández, había dado al cobre la opción de pagar una alicuota 4,5% o ir a un esquema móvil del 0 al 8%. Como la ley ómnibus del jefe de estado que odia al estado murió antes de nacer, este es el esquema que hoy tenemos.) Recordemos que las retenciones no se coparticipan, por lo que las provincias no ven un solo peso de esos.
[1] https://multisectorialplomo.org/2020/05/07/pasivos-mineros-en-san-antonio-oeste-una-historia-de-negligencias-contaminacion-y-enfermedad/
[3] MARA corresponde al proyecto integrado Alumbrera-Agua Rica.
[4] https://www.anred.org/2022/06/07/como-los-arboles-que-mueren-de-pie-sigue-el-acampe-en-choya-contra-laminera-agua-rica/
[5] https://agenciatierraviva.com.ar/la-turbiedad-de-las-aguas-del-rio-choya-la-turbiedad-de-los-procedimientos-mineros/
[7] https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_impacto-de-la-mineria-en-la-salud-humana-y-en-el-ambiente-12-20_1607596789.pdf
[8] Ver Gómez Lende, 2022, p. 95-97, para un amplio registro de casos de
afectaciones a la salud de trabajadores mineros en Argentina. Gómez Lende, S.
2022. Superexplotación obrera y precarización laboral en Argentina: el caso de
la mega minería metalífera. Revista del Centro de Estudios de Sociología del
Trabajo Nº14/2022: 73-105.
[9] https://winfo.ar/politica/2022/10/los-salarios-de-la-mineria-cuadruplican-el-sueldo-de-un-estatal-provincial/
[10] Gómez Lende, 2022, p. 76.
[11] https://asijemin.org.ar/asijemin-se-declara-en-estado-de-alerta-y-no-descarta-medidas-de-fuerza-en-los-yacimientos-mineros-de-san-juan-y-santa-cruz/
[12] https://miningpress.com/nota/331533/laplace-respalda-a-aoma-san-juan-dice-que-hay-trabajadores-precarizados-en-veladero
[13] https://gremialesdelsur.com.ar/nota/13157-Se-agrav---el-conflicto-entre-Minera-Santa-Cruz-y-AOMA
[14] Gómez Lende, 2022, p. 93.
[15] Gómez Lende, 2022, pp. 82-83.
[16] Gómez Lende, 2022, p. 91.
[17] Gómez Lende, 2022, p. 94.
[19] https://www.laizquierdadiario.com/Santa-Cruz-el-conflicto-laboral-en-Cerro-Moro-que-puso-en-vilo-la-produccion-minera
[20] http://aomasantacruz.com/2022/03/los-conflictos-se-evitan-si-empresas-y-estado-cumplen-su-rol-y-obligaciones/
[21] Ver Gómez Lende, 2022.
[22] Gómez Lende, S. 2022. Superexplotación obrera y precarización laboral
en Argentina: el caso de la mega minería metalífera. Revista del Centro de
Estudios de Sociología del Trabajo Nº14/2022: 73-105.
[28] https://elauditor.info/informes-de-auditoria/pasivos-ambientales-mineros--falta-de-regulacion-y-objetivos-incumplidos_a63694e6c80ae2d3f1d71b0b5
[29] https://multisectorialplomo.org/2022/11/10/informe-de-la-auditoria-general-de-la-nacion-concluye-la-ejecucion-de-las-acciones-de-remediacion-de-los-pasivos-ambientales-mineros-en-los-sitios-seleccionados-en-el-marco-del-subprograma-ii-geami/
[31] https://oncediario.com.ar/noticia-san-juan-la-mineria-consume-menos-del-1-del-agua-de-la-provincia
[32] Raggio, G.A., Saurral, R.I. 2021.
Probable intensificación de las condiciones de déficit hídrico sobre la región
del Comahue ante diversos escenarios de Cambio Climático. Meteorológica 46; 1: 6-2021; 48-71
[35] https://elgritodelsur.com.ar/2021/05/empleo-vs-ambiente-verdadero-impacto-laboral-de-la-mineria.html
[36] https://elgritodelsur.com.ar/2021/05/empleo-vs-ambiente-verdadero-impacto-laboral-de-la-mineria.html
[37] http://camaramineradejujuy.com.ar/la-mineria-metalifera-puede-generar-10-mil-puestos-de-trabajo- directos/
[38] http://www.elinversorenergetico.com/macri-por-cada-puesto-de-trabajo-directo-la-mineria-genera- cinco-puestos-de-trabajo-indirectos/
[39] http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/mem-por-cada-empleo-en-mineria-se-generan-6-25- empleos-mas/
[40] https://suractual.com.ar/contenido/11321/un-empleo-minero-genera-hasta-7-puestos-de-trabajo- indirectos
[41] Gómez Lende, S. 2016. Psicoesfera y Minería Metalífera en la Argentina: el Mito de la Creación de Empleo en las Provincias de Catamarca y San Juan. Geografía (Londrina) v. 25. n. 1. p.143-164.
[42] https://www.ocmal.org/las-ganancias-de-la-alumbrera-y-el-impacto-economico-en-andalgala/
[43] https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/07/09/opinion/OPIN-05.html
[44] https://elgritodelsur.com.ar/2021/05/empleo-vs-ambiente-verdadero-impacto-laboral-de-la-mineria.html
[45] Patagonia Gold Corp. (2020). Annual Information Form for the year ended December 31, 2019. p.33.
[46] Gómez Lende, S. 2016. Psicoesfera y Minería Metalífera en la Argentina: el Mito de la Creación de Empleo en las Provincias de Catamarca y San Juan. Geografía (Londrina) v. 25. n. 1. p.143-164 (p. 155-156).
[47] https://www.infobae.com/economia/2022/06/13/mineria-el-gobierno-anuncio-un-esquema-de-retenciones-moviles-para-las-exportaciones-de-cobre/
Asamblea de Valcheta contra el proyecto Amarillo Grande. https://www.adalqui.org.ar/blog/2020/12/10/iniciativa-popular-busca-frenar-la-mineria-contaminante-en- rio-negro/
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