CNEA: UN BOCHAZO EN RESTITUCIÓN AMBIENTAL

 

Alambrado y cartel. La remediación del predio de la antigua mina de uranio Los Adobes (Distrito Pichiñan, Chubut), que debe realizar la Comisión Nacional de Energía Atómica (el organismo que explotó la mina durante tres años), por ahora no pasa de eso. El pasivo ambiental de 85.000 toneladas de residuos contaminantes de Los Adobes (mayormente colas de mineral) es una pequeña fracción de las 6.000.000 de toneladas de residuos a lo largo y ancho del país. Fuente: https://huelladelsur.ar/2021/12/16/el-legado-radiactivo-del-distrito-uranifero-pichinan/

«Concretar los objetivos de restitución ambiental de los sitios contaminados por la minería del uranio es condición necesaria para asegurar que esta actividad se desarrolle de manera ambientalmente responsable y sostenible, particularmente en un contexto en el que el Estado Nacional impulsa la reactivación de la explotación de este mineral y la revalorización de la energía nuclear en el marco de la transición hacia fuentes energéticas limpias» (Informe de Auditoría, p. 65).

Así concluye el Informe de Auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) correspondiente al periodo 2023-2024 (aprobado el 21 de mayo de 2026 mediante Res. 122/2026-AGN) del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU) llevado adelante por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) entre 2005 y 2025, que abordo en esta publicación.

En otro contexto, en ese mismo sentido, incluso más taxativamente, la ex presidenta de la CNEA Norma Boero declaró, en noviembre de 2009, en el marco de la reunión anual Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN), que la restitución de pasivos ambientales en los lugares en los que hubo actividad minera de uranio es una condición «sine qua non» (condición obligatoria, requisito indispensable) para la reiniciación de las actividades de producción de uranio.[1]

En esta publicación voy a referirme a ese PRAMU y a ese Informe de Auditoría, y a contar en qué situación están actualmente los lugares que, a criterio de la propia CNEA, se encuentran contaminados por la minería de uranio, y que fueron comprendidos en ese proyecto de restitución.

Adelanto que están casi todos mal, por lo que el gobierno nacional, si resolviera tomar en serio las conclusiones de la ANG, no debería impulsar la minería de uranio hasta tanto sean restituidos todos esos lugares contaminados (lo mismo aplica a los gobiernos provinciales).*

* (Como militante antinuclear, opino que no debería impulsarse la extracción de uranio bajo ninguna circunstancia, pero escribo esto pensando especialmente en quienes defienden la energía nuclear pero entienden que esa industria no debería desarrollarse de cualquier modo.)

 

Breve historia del PRAMU

El Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos, establecido por Ley N° 25.018/98 art. 10 inc. j, obliga a la CNEA a «gestionar los residuos provenientes de la actividad nuclear estatal y privada incluyendo los generados en la clausura de las instalaciones, los derivados de la minería del uranio, y los que provengan de yacimientos mineros abandonados o establecimientos fabriles fuera de servicio» (Informe de Auditoría, p. 7). Ese mandato legal llevó a la creación del PRAMU.

El PRAMU fue formalizado por la CNEA en el año 2000 mediante Res. CNEA N° 59/00 (Informe de Auditoría, p. 17). En esta resolución se reconocen ocho sitios contaminados. (En todo el país, hay unas 6.000.000 de toneladas de colas de mineral, las cuales mantienen un 70% de la radiactividad original del mineral.[2] Todo ese pasivo se generó entre 1952 y 1997, que es cuando se desarrolló la minería del uranio en Argentina.[3]) Los ocho sitios son:

 

1) Malargüe (provincia de Mendoza)

2) Huemul (provincia de Mendoza)

3) Córdoba (El Chichón, provincia de Córdoba)

4) Los Gigantes (provincia de Córdoba)

5) Pichiñan (provincia de Chubut)

6) Tonco (provincia de Salta)

7) La Estela (provincia de San Luis)

8) Los Colorados (provincia de La Rioja)

 

De estos ocho sitios, cuatro fueron seleccionados para su remediación: Malargüe (Mendoza), El Chichón (Córdoba), Los Gigantes (Córdoba), y Tonco (Salta); para el resto (Huemul, Pichiñan, La Estela y Los Colorados, la CNEA decidió realizar evaluaciones ambientales, lo que consta en el documento marco de Evaluación Ambiental del PRAMU de 2005.[4]

Originalmente (año 2000), Sierra Pintada, el Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR) (provincia de Mendoza), de donde provienen 1600 de las 2600 toneladas de uranio extraídas en Argentina desde que comenzó la minería del uranio a mediados del siglo pasado, quedó fuera del PRAMU, debido a que la CNEA pensaba reabrirlo (la intención de reabrirlo fue anunciada en 2003).[5] La población mendocina se opuso a esa reapertura (aún lo hace), y presionó para que el gobierno provincial le requiera a la CNEA la remediación del CMFSR antes de avanzar en su reexplotación. La actitud del gobierno mendocino de acompañar ese reclamo no debe entenderse como un posicionamiento contra nada, ya que ese mismo gobierno, encabezado entre 2003 y 2007 por Julio Cobos, favoreció el desarrollo de la minería de uranio en áreas no controladas por la CNEA: concretamente, Cobos dio su OK para el desembarco en San Rafael de la empresa canadiense Mega Uranium.[6] (El actual gobierno de Cornejo sigue favoreciendo la minería de uranio, con cuatro nuevos proyectos: 1) Nueva Sierra Pintada, a cargo de Jaguar; 2) Corcovo, en Malargüe, a cargo de Blue Sky Uranium; 3) Nuevo Corcovo, a cargo de Impulsa Mendoza; 4) Huemul, en Malargüe, a cargo Consolidated Uranium; y cuenta los días para finalizar la remediación del CMFSP para reiniciar su explotación.[7])

Para no irme mucho de tema: actualmente rige una acción de amparo que impide reabrir Sierra Pintada hasta tanto no se remedie el sitio.[8] Aunque por fuera del PRAMU pero bajo administración de la Gerencia de Producción de Materias Primas (GPMP) de la CNEA, la «situación de remediación» de Sierra Pintada es analizada en el marco de la Auditoría de la AGN (Informe de Auditoría, p. 21): por lo tanto, apuntaré a Sierra Pintada como sitio N° 9.

Claro, todo eso debía financiarse, la remediación y la gestión del pasivo ambiental, y para ello la CNEA acudió en 2010 al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, perteneciente al Grupo Banco Mundial). El BIRF pidió limitar el financiamiento, y la CNEA decidió comenzar por la remediación de Malargüe y avanzar en la planificación de Los Gigantes y El Chichón (Tonco quedó afuera de todo).

De acuerdo con el Informe de Auditoría de la AGN (nota al pie en el Informe de Auditoria, p. 19), el acuerdo del préstamo estaba estructurado en tres componentes de financiamiento: 1) Remediación del sitio Malargüe; 2) Planificación de restauración minera de los siete sitios restantes y fortalecimiento institucional y; 3) Gestión per se del proyecto (Informe de Auditoría, p. 19).

Concretamente, el punto 2 del Acuerdo de Préstamo del BIRF (N° 7.583/AR, p. 5 ) expresa lo siguiente: «Realización de estudios sobre posibles opciones de remediación para sanear Sitios Adicionales, incluida la prestación de asistencia técnica para llevar a cabo el proceso de consulta ambiental y social requerido (pero excluyendo del Proyecto la ejecución de cualquier actividad de remediación en dichos sitios), todo ello conforme a términos de referencia aceptables para el Banco y de una manera aceptable para el Banco». (La traducción es mía.) (Nótese la utilización indistinta de los términos remediación y restitución, en el Informe y en el documento del Banco.) Por «sitios adicionales» el Acuerdo de Préstamo (p. 19) aclara que se refiere a todos los demás sitios: Córdoba (El Chichón) y Los Gigantes (Córdoba), Huemul (Mendoza), La Estela (San Luis), Los Colorados (La Rioja), Pichiñan (Chubut), Tonco (Salta), «y cualquier otro sitio de uranio clausurado seleccionado por el Prestatario y aceptable para el Banco».

Más allá de eso, los funcionarios de la CNEA informaron a los auditores de la AGN que, además de la remediación de Malargüe, la otra tarea requerida en el marco de la rendición de cuentas correspondiente al Préstamo BIRF-75830 era (solamente) «el inicio de las etapas de definición de ingenierías de remediación para los sitios Los Gigantes y Córdoba (El Chichón)» (Informe de Auditoría, p. 91) (Los entrevistados no hacen mención a los «siete sitios restantes» o a los «sitios adicionales», tal como fueran definidos en el Acuerdo de Préstamo.) Por eso arriba comenté que Tonco, en definitiva, quedó afuera de todo.

El préstamo de US$ 30 millones fue otorgado ese mismo 2010.

Lo de Malargüe efectivamente se hizo; de hecho, fue prácticamente lo único que se hizo en el marco del PRAMU. Con respecto a lo otro que debía hacerse (en Córdoba, los estudios de restauración minera, o planificación u opciones de remediación y saneamiento para Los Gigantes y El Chichón) se hizo muy poquito y para la tribuna: para la tribuna del Banco Mundial. Cristian Basualdo, activista del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA), lo refiere de esta manera:

«En cuanto a los sitios Los Gigantes y ‘El Chichón’, se realizaron estudios que pusieron de relieve los riesgos medioambientales (lixiviación de material radiactivo al acuífero, exposición a través de materiales en suspensión, etc.), así como una metodología sobre cómo abordarlos. El Banco Mundial sostuvo en sus documentos que “tanto las autoridades locales de ‘El Chichón’ como de Los Gigantes se mostraron de acuerdo con los elementos propuestos del plan de remediación. Va en otra dirección lo que sabemos por las notas de prensa. En abril de 2017, cuando los funcionarios del átomo (Cristian se refiere a los de la CNEA) invitaron a autoridades locales y medios de comunicación a visitar las ruinas de Los Gigantes, no tenían pensado encarar obra alguna, solo estaban cumpliendo con la burocracia del Banco Mundial». (Las negritas son mías.) Hasta aquí, Cristian.[9]

Abro aquí un primer paréntesis. El título del Proyecto tal como figura en la carátula del Informe de Auditoría de la AGN, habla de «restitución»; sin embargo, en la p. 4, en la parte de  SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS, la sigla PRAMU corresponde a «Programa de Remediación Ambiental de la Minería del Uranio». (Las negritas son mías.) No es una mera cuestión semántica: restituir es volver al estado inicial; remediar es eliminar los contaminantes. Se puede remediar sin restituir o restaurar. Es claro que, más allá de ese lapsus calami de la p. 4, el objetivo del PRAMU fue siempre remediar, nunca restituir. En megaminería, sobre todo en megaminería del uranio, la restitución 100% es virtualmente imposible. (En su tesis de maestría, Facundo López Canton desarrolla este asunto de las definiciones y los usos habituales de cada uno de estos términos.[10])

(En el Informe Anual de la ARN correspondiente a 1997, p. 166,[11] se menciona que: «la desactivación de las instalaciones (habla de los complejos minero fabriles fuera de operación) apuntan a retrotraer las condiciones medio ambientales existentes a una condición similar a la que existía antes de iniciada la operación del complejo (o sea, restituir hasta donde sea posible)». (Las negritas son mías.) Como se ve, CNEA baja la vara al (re)plantearse como objetivo remediar en lugar de restituir.)

El hecho de que el préstamo acordado con el BIRF haya contemplado solo la remediación de Malargüe y la planificación de la remediación de los sitios de Córdoba, no implica, de ninguna manera, que la CNEA pudiera desentenderse de los demás sitios establecidos en el PRAMU. El Plan Estratégico Institucional 2015-2025 del PRAMU consta de tres objetivos estratégicos y varios objetivos específicos dentro de cada uno de ellos. Destaco particularmente el objetivo estratégico N° 1 (los otros son más de carácter institucional): «Finalizar la remediación de los sitios donde se desarrolló actividad minero-fabril del uranio, ejecutar los planes de monitoreo y desarrollar los planes de post cierre» (Informe de Auditoría, p. 47), dentro del cual hay tres objetivos específicos: 1) Finalizar la remediación ambiental del sitio Malargüe, 2) Finalizar la remediación ambiental de los sitios Los Gigantes y Córdoba (El Chichón), y 3) Finalizar la gestión de los pasivos ambientales de los sitios Huemul, La Estela, Los Colorados, Pichiñan y Tonco (Informe de Auditoría, tabla 13, p. 47). (Es curioso que en este tercer objetivo específico no se mencione expresamente la remediación, que sí es mencionada en el objetivo estratégico correspondiente: tal vez de trate simplemente de una desprolijidad.)

Con respecto a este asunto del PEI y sus objetivos (más allá de su cumplimiento o incumplimiento), el Informe de Auditoría es categórico: «Los objetivos estratégicos y específicos definidos para el PRAMU en el PEI 2015-2025 y en el informe 2022 remitido al Congreso Nacional presentan debilidades en su formulación, dado que en términos generales no resultan específicos, medibles ni temporales. No se definieron metas claras, indicadores verificables y plazos de cumplimiento, situación que limita la evaluación objetiva de los avances, dificulta la rendición de cuentas y debilita la trazabilidad de los resultados alcanzados» (Informe de Auditoría, p. 57). Haciendo esta salvedad, el Informe de Auditoría los toma en cuenta a la hora de evaluar el cumplimiento del programa. (Spoiler: al 31/12/2924, la CNEA solo cumplió la mitad de los objetivos específicos definidos en su PEI 2015-2025, y un 44% de los definidos en el informe 2022 remitido al Congreso Nacional por su Gerencia Programa de Gestión de Residuos Radiactivos, GPNGRR.)

 

La evolución del PRAMU

Hoy el PRAMU ya no existe como tal. Hasta el 17/07/2023 (Res. CNEA 337/23, presidencia de Adriana Serquis) el PRAMU era gestionado, dentro de la estructura organizativa de la CNEA, por una Gerencia Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (GPRAMU). Hoy, y desde aquel día, el área que debería hacerse cargo de la remediación de los pasivos ambientales de los sitios definidos en aquel PRAMU de 2000 es, en el organigrama de la CNEA, el Departamento Técnico de la Remediación de la Minería de Uranio (DTRAMU), que está dentro de una Gerencia Programa de Gestión de Residuos Radiactivos (GPNGRR), y que administra un Programa de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR):

«En el marco del Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos se creó el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR) que debe gestionar los residuos provenientes de la actividad nuclear estatal y privada incluyendo, los generados en la clausura de las instalaciones, los derivados de la minería del uranio, y los que provengan de yacimientos mineros abandonados o establecimientos fabriles fuera de servicio (Ley 25.018, art. 10, inc. j) y, recuperar los sitios afectados por la actividad de extracción, molienda, concentración, tratamiento y elaboración de minerales radiactivos procedentes de yacimientos de explotación y sus respectivos establecimientos fabriles, así como de los yacimientos mineros abandonados o establecimientos fabriles fuera de servicio (Ley 25.018, art. 11)» (Informe de Auditoría, p. 7). (Las negritas son mías.)

Hoy como en 1998, a la CNEA le corresponde hacerse cargo de todos los pasivos ambientales de la minería del uranio, no solamente de los sitios PRAMU: la Ley N° 25.018/98 está plenamente vigente.

 

Alcances de la Auditoría

El objetivo general de la auditoría de la AGN cuyo Informe se aprobó en mayo pasado es examinar el desempeño de la CNEA en la implementación del PRAMU y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el periodo 01/01/2023 al 31/12/2024 (último año de la presidencia de Alberto Fernández y el primero de Javier Milei).

Para cumplir con ese objetivo, los auditores contaron con documentación entregada por la propia CNEA, e información de primera mano relevada en distintas entrevistas, y en una inspección realizada en Córdoba (solo para los sitios PRAMU Los Gigantes y El Chichón).

La AGN ya presentó varios informes sobre los estados financieros del PRAMU. El Informe que da pie a esta publicación (ACTUACIÓN Nº 13/25-AGN) es el primero del que podemos obtener una fotografía del estado ambiental de los sitios PRAMU (+ el CMFSR, mi sitio N° 9), al menos hasta el último día del periodo auditado: 31/12/2024. Me extenderé algo en Malargüe porque es el único de los ocho sitios PRAMU cuyo objetivo de remediación se da por cumplido. Me interesa saber cómo quedó Malargüe, a siete años de finalizada oficialmente su remediación, sospechando que las cosas no resultaron como estaban previstas. Comencemos, pues, por Malargüe.

 

1. Malargüe

Cómo comenté, Malargüe es el único de los ocho sitios PRAMU que fue remediado. Si me extiendo en este sitio es simplemente para destacar que la complejidad de remediar un pasivo ambiental de la minería de uranio es inmensa, y que sus resultados nunca están garantizados 100%.

En Malargüe funcionaba un Complejo Fabril que procesaba minerales del Distrito Cupro-Uranífero Malargüe, provenientes principalmente de la mina Huemul (otro de los sitios PRAMU, el N° 2), ubicada a unos 40 km al sur de la ciudad, y que estuvo en operación entre 1955 y 1975. (El Complejo Fabril Malargüe estuvo operativo hasta 1986, y fue cerrado definitivamente en 1993, recibiendo minerales procedentes de otras minas, incluso de otros distritos.[12])

Refiriéndose a los impactos de la actividad de ese Complejo Fabril, la periodista ambiental y activista Silvana Buján cuenta que «se generaron 700.000 toneladas de materiales sólidos residuales (de las que se obtuvieron 752 toneladas de Uranio) de composición heterogénea, que se acumularon en un dique de desechos sólidos construido dentro del ex Complejo Fabril Malargüe (CFM), ubicado en el sector extremo Sud-Este del predio, a 2.000 metros de distancia de la plaza San Martín, de la localidad de Malargüe. Allí estuvieron durante un par de décadas, volando con los vientos sobre la villa turística y toda la región y escurriendo con la lluvia y la nieve».[13]

La remediación de ese dique de desechos sólidos que menciona Silvana, y que ocupaba una superficie de 7 hectáreas (todo el Complejo Fabril Malargüe comprendía una superficie mucho más amplia), constituye ese objetivo específico N° 1 del objetivo estratégico N° 1 del PRAMU que figura como Cumplido en el Informe de Auditoría 2023-2024 (Informe de Auditoría, p. 47).

Dejaré de lado la ingeniería de la remediación aplicada en ese punto del ex-CFM, pero les dejo aquí un video en el que la propia CNEA cuenta qué se hizo: básicamente, encapsular las colas de mineral de uranio con arcilla, arena y limo, tapar todo con roca, y construir encima un parque con 1510 metros de bicisenda, 2120 metros de sendero aeróbico, 1930 metros de camino peatonal adaptado para personas con discapacidad visual, un playón deportivo multiuso, sectores con pérgolas y áreas sociales, sanitarios, juegos infantiles y un anfiteatro: el parque El Mirador.[14] 

En No bombardeen Valcheta (publicación de diciembre de 2024) expuse mis dudas (compartidas por otres compañeres del movimiento antinuclear) acerca de la eficacia de esa remediación, completada en 2017 con la inauguración del mencionado parque. Me llamaba la atención que en Internet no hubiera fotos del parque con gente (salvo las de les funcionaries, el mismo día de la inauguración). Copio y pego lo que escribí entonces:

«Hoy El Mirador está cerrado; de hecho, todo este tiempo estuvo más cerrado que abierto. Nadie da razones. O mejor dicho, las dan, pero las cambian todo el tiempo. En 2017, apenas inaugurado, se cerró (según explicaron en esa oportunidad) debido a tareas de mejora en el parquizado y el sistema de riego. Luego se dijo que había un problema con los convenios entre Nación y la Municipalidad. Luego que las veredas y los caños se habían roto. Luego que faltaba personal. Luego que la pandemia. En febrero de 2024 «El Mirador» seguía cerrado. Desde la Municipalidad ahora se denunciaba que los trabajos para evitar la dispersión del uranio no se habían hecho del todo bien, y que iban a solicitar a la CNEA informes bimestrales y reforzar los cuidados, por lo que iban a adquirir detectores Geiger y realizar censos de salud en la zona para detectar enfermedades relacionadas con la exposición al uranio. En julio de 2024 el parque finalmente abrió, pero solo para que ingrese el intendente con el presidente de la CNEA. No sabemos con qué objetivo, tampoco si resolvieron algo».

«Conclusión: al día de hoy, 8 de diciembre de 2024, no se sabe por qué, el parque recreativo El Mirador, construido sobre residuos radioactivos encapsulados a un costo de U$ 34,5 millones (los 30 del Banco Mundial más 4,5 aportados por la CNEA, CUINAP Argentina), está cerrado y virtualmente abandonado».

(Las negritas «luego se dijo etc.» son mías de ahora.)

 

Hasta aquí la transcripción de lo que escribí en No bombardeen Valcheta.

Vuelvo al Informe de la AGN de 2026 y lo que allí se entrevé es que la causa del cierre del parque El Mirador se halla efectivamente en un problema de papeles, lo que coincidiría con lo que resalté más arriba, en negritas, en mi publicación de 2024: «(Habla la AGN) El 11/12/2024 (a siete años de finalizada la remediación), la CNEA presentó ante la AABE* una solicitud de permiso precario de uso gratuito con opción de compra para el predio que comprende al parque El Mirador en beneficio del municipio quién se haría cargo del mantenimiento hasta tanto se concrete la compra. Este trámite continúa su curso fuera del período auditado» (Informe de Auditoría, p. 26).

* Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Por esa razón, más adelante, la AGN hace la siguiente recomendación: «(La CNEA debe) (r)egularizar la transferencia del predio que compone al parque El Mirador al municipio de Malargüe y avanzar en la apertura al público del parque, cumpliendo con lo planificado y asegurando la puesta en valor social de la obra de remediación ya concluida» (Informe de Auditoría, p. 60). (Las negritas son mías.)

Siempre dentro del mundo de los problemas de papeles, también parece que hay un asunto con el tema de los seguros: «En el caso del sitio Malargüe, si bien ya se encuentra remediado y solo se realizan actividades de guardia y mantenimiento del predio, es la propia GGA (Gerencia de Gestión Ambiental) de la CNEA quien recomienda calcular el NCA (Nivel de Complejidad Ambiental) para dejar constancia de que queda eximido de contratar un seguro ambiental» (Informe de Auditoría, p. 38).

Si ese es el problema, si esa es la razón por la que El Mirador está cerrado al público, no se entiende por qué el parque se abrió primero para cerrarse «a los pocos meses»: en todo caso, nunca debió abrirse. Menos se entiende por qué dieron tantas vueltas con las explicaciones del cierre (lo del riego, lo de las veredas, lo de los caños, lo de la falta de personal), y no dijeron, simplemente y desde un principio, que hasta tanto no se realice esa transferencia y se recalcule el NCA no lo volverían a abrir.

(Recomiendo la lectura de esta nota periodística de 2018 de un medio malargüino, donde en ningún momento se menciona un problema de papeles como justificación del cierre del parque.)

Más allá de eso, el punto que me interesa abordar aquí es la eficacia de esa remediación, la cual fue celebrada como «la primera obra de remediación ambiental de la minería del uranio concretada en la Argentina y en Latinoamérica» (Informe de Auditoría, p. 26). En línea con No bombardeen Valcheta, indagaré sobre el asunto a partir de la lectura de los informes (este de 2026, y otros anteriores) y alguna otra información disponible (y entendible).

Para saber cuán eficaz resultó la remediación, hace falta conocer cómo estaban el predio y sus alrededores antes de la remediación y cómo lo están hoy.

El predio y sus alrededores antes de la remediación. Encuentro sobre esto un dato en un documento del Banco Mundial: «Informe de Finalización de la Implementación y Resultados (BIRF 75830) sobre un Préstamo por un Monto de Us$30 Millones a la República Argentina para un Proyecto de Restauración Ambiental de la Minería en Argentina (P110462)» (2017):

«Los informes iniciales realizados durante la preparación del proyecto (diciembre de 2006) revelaron que la exposición al radón proveniente de las columnas de residuos de uranio sin tratar podría alcanzar hasta 2,5 km (aproximadamente el 70 % de la población de la ciudad reside a menos de 6 km de los residuos). Estos estudios también indican que la población directamente expuesta al sitio y a su columna de residuos podría estar en riesgo de radiación gamma y contaminación por inhalación de radón-222. El informe concluyó que los residuos emiten radón y radiación gamma a niveles que, si un grupo hipotético residiera permanentemente en el perímetro del sitio, estaría expuesto a dosis inaceptables (de radiación gamma, según entiendo). Asimismo, si un grupo hipotético de población residiera permanentemente en el perímetro del sitio, estaría expuesto a una dosis anual de radón de 5-6 mSv/año (milisieverts por año). El estudio también reveló que los sistemas de aguas superficiales y subterráneas poco profundas presentaban trazas de contaminación por uranio proveniente de los relaves sin tratar, y que la parte noreste del sitio estaba contaminada por aniones y cationes lixiviados de los relaves. La evaporación de esta agua del pantano estacional que bordea los relaves provocó un aumento de la salinidad del suelo y de los niveles de uranio. Estos estudios concluyeron que los residuos radiactivos de Malargüe solo representarían un riesgo radiológico para un grupo hipotético que decidiera vivir cerca o en el perímetro del sitio, pero no para los visitantes ocasionales. Por otro lado, a pesar del alcance de la pluma radiactiva, el efecto radiológico sobre la población del pueblo se consideró bajo». (Las negritas son mías.)

Encuentro otro en el Informe Anual de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) correspondiente al año 2007. Allí se menciona lo siguiente con respecto a Malargüe (Informe Anual ARN, p. 54[15]): «Se recolectaron en el año 2007, 27 muestras de aguas, 1 agua potable de la Ciudad de Malargüe, y 12 muestras de sedimentos, realizándose sobre las mismas un total de 80 análisis. Se determinó además la tasa de emanación de radón en las escombreras de mineral de uranio tratado». Lamentablemente, en el cuadro de los valores correspondientes a aguas de la napa freática, estas se muestran como un único valor promedio de todos los puntos de muestreo, lo que no permite discriminar entre distintos puntos de muestreo (aun pudiendo discriminarlos, tampoco los entendería). Tampoco, y eso parece ser una constante en todos estos Informes Anuales de la ARN, se hace una evaluación cualitativa de los resultados, expresada en un castellano que se entienda, sino que, en el mejor de los casos, el organismo se limita a mostrar los números crudos y que los interprete Montoto.

El predio y sus alrededores hoy. Empecemos analizando las condiciones radiológicas al 31/12/2024.

Malargüe cuenta con un programa de monitoreo radiológico vigente desde el 29/03/2022 (Informe de Auditoría, p. 29). En el Anexo V (ANEXO V: Residuos de la minería de uranio y resultados de monitoreos, p. 82) se incluye una Tabla I con los Informes de resultados de monitoreos en sitios del PRAMU en agua y/o sedimentos, y monitoreo radiológicos. Transcribo solo lo que corresponde al sitio Malargüe:

«Tanto en 2023 como en 2024, las condiciones radiológicas del sitio Malargüe fueron razonables y no representaban riesgos al personal ocupacionalmente expuesto que allí trabaje, y a los miembros del público que habita en las proximidades del sitio (o sea, para personas que no residieran permanentemente en el perímetro del sitio, según se indicó en el Informe del Banco Mundial algunos párrafos arriba). Los valores informados de tasa de dosis equivalente ambiental (indica el nivel de exposición a diferentes tipos de radiación en un punto específico) se mantuvieron prácticamente constantes y del orden del fondo natural de radiación (radiación ionizante presente en el medio ambiente procedente de fuentes naturales y existentes en forma constante) de la zona».

No entiendo por qué no se hicieron mediciones sobre el gas radón, o por qué el Informe de Auditoría no las menciona explícitamente, si es que efectivamente se hicieron (que es lo más probable). En otros sitios PRAMU (todos sin remediar) esas mediciones se hicieron y son informadas, y los valores obtenidos no son buenos: «El Chichón, Los Gigantes, Tonco (solo en 2023) y La Estela (solo en 2024) se observó que los valores medidos, si bien no implicaron para el personal y el público una exposición a radiación por encima de los límites establecidos, muestran una tasa de emanación de gas radón por encima de los límites establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) para sitios remediados».* (Las negritas son mías.) (Informe de Auditoría, p. 32)

*(Entiendo que esto es porque, si bien las emanaciones son altas, al tratarse de espacios abiertos no suponen un peligro «para el personal y el público».)

Pasemos a los monitoreos ambientales que la CNEA realizó en el predio y sus alrededores, concretamente de agua y sedimentos.

En este aspecto, los datos (parcialmente) malos datan de largo tiempo. La propia Municipalidad de Malargüe, en la fundamentación de una ordenanza reciente (la N° 2.250/2023 de creación de un «Registro y Control bimestral de niveles de radiación en el Parque de la CNEA y hogares aledaños»), recordaba que: «En el año 2.002 la Policía del Agua de Irrigación realizó un monitoreo de distintos cauces aledaños a la fábrica. Las muestras fueron analizadas por la División Laboratorio de Química del Departamento Regional Cuyo de la CNEA, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de  Cuyo y por un laboratorio privado de la Ciudad de San Rafael. Allí se detectó que dos (2) muestras "evidenciaron un elevado nivel de Uranio", por lo que se intimó a la CNEA para que realice "las acciones necesarias tendientes a dar a los residuos (colas de mineral) su gestión final, para evitar la afectación del recurso hídrico y el medio ambiente en general". Por ello, la Suprema Corte de Justicia sanciona al Gobierno de la Nación (CNEA) por no haber cumplido con la remediación de los pasivos ambientales tal como se había comprometido en la Declaración de Impacto Ambiental». (Las negritas son mías.) Como se ve, las cosas no parecen haber cambiado en lo sustancial, a más de 20 años de esos primeros monitoreos realizados por la antigua Policía del Agua mendocina.

Antes de pasar a los resultados de los monitoreos ambientales en Malargüe mencionados en el Informe de Auditoría de la AGN, digamos que este documento reconoce que, durante 2023 y 2024, las campañas de monitoreo de agua no se ejecutaron en su totalidad por falta de presupuesto (Informe de Auditoría, p. 30). Esto es: en 2023 se completaron y en 2024 no se completaron. En el Informe Anual al Congreso correspondiente a 2023[16] se indica que (en Malargüe) «Se completó el monitoreo de agua superficial y subterránea a escala local y regional» (Informe al HCN, p. 11). En el Informe Anual al Honorable Congreso de la Nación correspondiente a 2024, se indica que el «Monitoreo hidrológico de variables ambientales: análisis de agua superficial y subterránea a escala local y regional (fue) (parcialmente ejecutado por restricciones presupuestarias)» (Informe al HCN, p. 13). (Las negritas son mías.)* Por supuesto, no todo lo malo que sucede es achacable a Milei, pero en este caso, claramente, su motosierra expuso a la población de Malargüe a la contaminación con uranio. Hay recortes criminales. Este es uno.[17]

* (A modo de descargo, la CNEA explica eso de las restricciones presupuestarias: «Se aclara que la limitación en la ejecución completa de los monitoreos durante el período auditado obedeció a dificultades en la reposición de los fondos rotatorios de la CNEA. Dichos fondos constituyen la principal fuente de financiamiento para solventar las campañas de monitoreo». Informe de Auditoría, p. 168.)

Malargüe cuenta, eso sí, con un plan de emergencia para el caso de evacuación general del sitio (solo para eso) vigente desde 26/12/2016, pero ese plan no contempla una identificación y evaluación de riesgos ambientales (Informe de Auditoría, p. 36, Anexo 9, p. 170).

Pasemos ahora a los resultados de los monitoreos ambientales volcados en el Informe de Auditoría: «En Malargüe, se detectaron valores elevados de uranio, manganeso, sulfatos y conductividad en algunas estaciones de muestreo aguas abajo, particularmente en la zona conocida como Zanjón Los Caballos, pero sin afectar la calidad del agua de riego utilizada en las propiedades linderas» (Informe de Auditoria, p. 31). (Las negritas son mías.)

Transcribo lo que se indica en el Anexo 5 del Informe de Auditoría (p. 82), coincidente con lo anterior:

«Durante 2023, en el sitio y sus inmediaciones algunos puntos de monitoreo mostraron valores altos de uranio, manganeso, sulfato y conductividad eléctrica; sin mostrar influencia en el agua para riego de las propiedades lindantes. Además, el recurso de agua subterránea no es utilizada por la sociedad que habita en el área. En los puntos de muestreo ubicados aguas abajo del área denominada Zanjón Los Caballos, se detectó un incremento en los indicadores uranio, manganeso y sulfatos que sin superar el nivel guía establecido por la legislación vigente sugiere una posible migración de la contaminación del agua subterránea». (Las negritas son mías.) (O sea que hay contaminación del agua subterránea que podría estar migrando hacia la superficie.)

«En 2024 el sitio y sus inmediaciones presentaron piezómetros con valores altos de uranio, manganeso, sulfato y conductividad eléctrica. Sin embargo, el agua suministrada a las propiedades vecinas mantiene su calidad». (La mención a los piezómetros indica que se trata de mediciones efectuadas en aguas subterráneas.)

«Mientras que, en dos estaciones de monitoreo ubicadas en el Zanjón Los Caballos, se observó un incremento en los indicadores uranio, manganeso y sulfatos, estos últimos dos haciendo al agua no apta para consumo humano y que podría deberse a la influencia de migración de la contaminación en agua. El PRAMU informó que este comportamiento se encuentra bajo observación». (Las negritas son mías.)

Tal como está redactado lo de la p. 31 y lo del Anexo 5, no queda claro si el agua utilizada por las propiedades linderas o lindantes proviene de otra fuente (como se reconoce para el caso del agua que utiliza «la sociedad que habita en el área») y por eso no está contaminada, o si el nivel de uranio en el agua es despreciable y por eso no afecta su calidad para el riego. Si este último fuera el caso, si esto es lo que están diciendo, entonces, lo que el Informe de Auditoría no explica es de dónde obtienen que ese nivel de uranio es inofensivo. ¿Tomaron como referencia niveles umbrales internacionales? (lo más probable) ¿Les preguntaron a les finqueres si notaban algo raro en sus plantaciones, regadas con esa agua? ¿Hicieron estudios de campo sobre esas plantaciones, considerando un periodo de varios años? Sumo otra pregunta: ¿se evaluaron los efectos de la bioacumulación de ese uranio a través de la cadena trófica? (porque habrá bichos que comerán esas plantas, y otros bichos que se comerán a aquellos bichos). Más allá de estas dudas (absolutamente legítimas, y que no pueden despejarse de la lectura del Informe de Auditoría), lo importante a tener en cuenta aquí es que ese uranio detectado en los monitoreos proviene de los residuos mineros de la CNEA, lo que en el Informe de Auditoría (insólitamente) no está dicho de manera expresa: solo se menciona que algunos puntos de muestreo mostraron valores altos de uranio y otros no tan altos.

En definitiva, parece claro que, al menos hasta 2024, a siete años de inaugurado el parque El Mirador, las aguas del Zanjón Los Caballos permanecían contaminadas con uranio posiblemente procedente del acuífero. Lo que no está claro es si, con los años, esa contaminación aumentará, disminuirá, o no variará.* Ante la duda, la CNEA observa, en un ejercicio de aplicación blanda del principio precautorio.

*(A un pedido de informes realizado por Cristian Basualdo en 2025 al directorio de la ARN, los funcionarios del organismos responden que «Se considera que dichos niveles de uranio irán disminuyendo con el correr de los años, a partir del aislamiento del material encapsulado». Elijamos creer que será así. Porque se trata de eso: de que les creamos.)

Las observaciones realizadas por la AGN en la documentación aportada por la CNEA son un montón (Informe de Auditoría, p. 88, Tabla de Informe de Resultados de los Monitoreos): inconsistencias en las fechas de elaboración, imposibilidad de determinar fechas de elaboración, ausencia de fechas de vigencia, ausencia de firmas, tachaduras y palabras escritas en rojo, texto en color similar al utilizado en la herramienta de control de cambios, documentos con fechas anteriores a la finalización del periodo informado, anotaciones de error en el índice del documento, documentos con fechas distintas, informes de resultados elaborados más de un año después de realizado el monitoreo (Malargüe 2023, pero también Huemul y Los Colorados). Tantas irregularidades intranquilizan, tratándose la CNEA del organismo que, en el papel, debe cuidarnos de la contaminación con uranio, bajo la atenta mirada de la ARN.

Más allá de eso, la AGN no incursionó en la parte técnica de las acciones informadas por la CNEA, las cuales constituyen en gran medida la base sobre la cual el organismo de control elaboró su Informe de Auditoría. No examinó críticamente, por ejemplo, aquello que afirman los técnicos de la CNEA, de que la contaminación con uranio no afecta la calidad del agua de riego utilizada en las propiedades linderas (no se hizo las preguntas que me hice más arriba). Hay que tener presente que el Informe de Auditoría no funciona como una revisión por pares; es una evaluación, técnica, sí, pero que se limita a comprobar que todos los papeles estén en regla (sin que esto lo desmerezca: tener los papeles en regla es fundamental). Por ejemplo, en cuanto a la violencia de género, no evaluó, por ejemplo, la situación de las mujeres trabajadoras de la CNEA; solo tomó nota de la cantidad de agentes que realizaron la capacitación obligatoria establecida en la llamada Ley Micaela (N° 27.499) (un porcentaje muy bajo, dicho sea de paso: 3,55%, Informe de Auditoría, p. 16) y tomó ese número como un proxy para conocer lo que realmente importa conocer: la situación de las mujeres dentro del organismo. En el mejor de los casos, la AGN comprueba que el organismo (en este caso la CNEA) haya hecho efectivamente lo que dijo que iba a hacer en tiempo y forma (para esto último, justamente, se hicieron las entrevistas y la inspección en Córdoba).

Eso no significa, por supuesto, que los auditores se hayan limitado a comprobar si todos los papeles están en regla. En algunos casos el Informe de Auditoría da cuenta de imprecisiones importantes en el contenido de los documentos técnicos (que afectan su calidad, en definitiva). Por ejemplo, con respecto a los informes presentados por la CNEA al Congreso se lee lo siguiente: (aplicable a todos los sitios, no solo a Malargüe)

«Cabe destacar que el informe 2023* presenta de forma genérica lo realizado. Detalla los monitoreos ejecutados, pero no sus resultados (no alcanza con tirarle a la gente los datos crudos por la cabeza). Tampoco es posible conocer a partir de este documento la situación de cada sitio o las problemáticas existentes que impiden obtener los permisos ambientales correspondientes. También hace referencia a monitoreos realizados sobre los cuales esta auditoría no tuvo suficiente evidencia, como se verá en el punto 3.4.5 del presente Informe» (Informe de Auditoría, p. 21).

*Se refiere a un informe anual que el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR) debe presentar al Congreso. Recordemos, el PNGRR, dentro de la estructura de la CNEA, es el organismo que, luego de su reestructuración de 2023, debe tomar a su cargo la remediación de los pasivos ambientales de los sitios definidos en el PRAMU (Informe de Auditoría, p. 19).

En cuanto a la situación ambiental de Malargüe, el Informe de Auditoría de la AGN coincide en lo esencial con lo que la ARN informa en la parte de Resultados de su Plan de Monitoreo Radiológico Ambiental para 2023[18]: «Los valores obtenidos en los alrededores del Sitio Malargüe son, en su mayoría, los naturales de la zona y, como ha ocurrido ocasionalmente en los últimos años, el impacto de las actividades pasadas de la instalación solo se ha podido verificar con la medición de Uranio en algunos de los pozos de muestreo de agua del acuífero freático, ubicados junto al sitio» (PMRA, p. 42). (Las negritas son mías.)

Si vamos al Informe Anual de la ARN correspondiente a 2017,[19] se menciona lo siguiente (válido para Malargüe y otros complejos minero fabriles comprendidos en el PRAMU): «En aguas, la mayoría de los valores se encuentra por debajo de los niveles guía sugeridos por la OMS. Algunos resultados que excedieron dichos niveles para uranio, se pueden explicar por las anomalías uraníferas particulares de los puntos muestreados, especialmente en cercanías de los complejos» (Informe ARN, p. 26). (Las negritas son mías.)

En conclusión, y para terminar con Malargüe: no parece que la situación ambiental al 31/12/2024 sea muy distinta de la de 2016, 2017 y 2002, y que el importante trabajo realizado en el sitio haya impedido que el agua subterránea de los alrededores continúe contaminada y contaminando algunos cursos de agua superficial. Como comenté al comienzo: la complejidad de remediar un pasivo ambiental de la minería de uranio es inmensa, y sus resultados nunca están garantizados 100%.

 

2. Huemul

Ubicada a 40 km al sur de Malargüe, Huemul es una de las primeras minas de uranio de Argentina (las dos primeras también son de la provincia de Mendoza). Fue operada por la CNEA entre 1952 (la extracción propiamente dicha comenzó en 1955[20]) y 1974. Los minerales de esta mina eran procesados en la planta de Malargüe, sitio PRAMU (el N° 1) del que ya hablé.

Para Huemul el Informe de Auditoría reconoce 19.500 m³ de residuos estériles y 2.500 m³ de residuos marginales (Informe de Auditoría, p. 18).

En Huemul la CNEA no movió un dedo durante todo el periodo auditado: «Para (el sitio) Huemul (también para los sitios La Estela, Los Colorados y Tonco) no se tuvo evidencia de que se hayan realizado estudios, trabajos y/o presentaciones a las autoridades competentes con el objetivo de avanzar en la remediación (del mismo)» (Informe de Auditoría, p. 28). Por lo tanto, como parte del objetivo específico N° 2 del objetivo estratégico N° 1 del PEI 2015-2025 de la CNEA para el PRAMU, la AGN le puso un muy merecido Incumplido al objetivo de  gestionar el pasivo ambiental de Huemul (Informe de Auditoría, tabla 13, p. 47).

En Huemul no hay un programa de monitoreo radiológico. Sí se informan resultados de agua y/o sedimentos para 2023 y 2024 (Informe de Auditoría, tabla 11, p. 31). Para las muestras de agua (agua tomada de los arroyos Seco y Agua Botada, Informe de Auditoría, Anexo 6, tabla 1, p. 83), los valores registrados se mantuvieron en rangos compatibles con la aptitud para consumo humano (Informe de Auditoría, p. 32). Sin embargo, en esos informes «no es posible verificar la fecha de elaboración» y en el caso del informe correspondiente a 2023, fue elaborado «más de un año después del monitoreo realizado» (Informe de Auditoría, Anexo 6, tabla 1, p. 88).

Como puede verse, más allá de los resultados gruesos de esos monitoreos, no es mucho lo que podemos saber sobre el estado actual de Huemul a partir de la lectura del Informe de Auditoría. Por suerte, disponemos del relevamiento realizado por Silvana Buján (que data de 2016): «Nuestro reciente relevamiento in situ muestra algo sumamente preocupante. Además de que la mina se cerró, entre otras cosas porque a lo largo del tiempo las cavidades se fueron inundando (y no hay motivo para suponer que no sigan inundadas, percolando aún) el arroyo que divide al pueblo de la mina y de las colas de Uranio, probablemente a causa del aumento de las precipitaciones en la región, ha crecido muchísimo y ha erosionado parte del camino donde están justamente, las colas. Ello significa que esos desechos de la mineración de Uranio fueron y están parcialmente lixiviados y arrastrados por las aguas. El arroyo alimenta, desde el pueblo-mina abandonado, al arroyo paralelo a la ruta, tributario del arroyo Agua Botada, de escorrentía endorreica».[21]

 

3. El Chichón (Córdoba)

En plena ciudad de Córdoba (barrio Alta Córdoba) hay enterradas 57.600 toneladas de colas de mineral de uranio procedentes del Complejo Fabril Córdoba, un predio de 65.000 m³ que cuenta con varias instalaciones, que, hasta mediados de los años 70, compraba uranio para realizar ensayos de procesamiento.[22] (El nombre El Chichón obedece al promontorio de residuos enterrados en ese predio) (Informe de Auditoría, p. 18). En su momento, la CNEA propuso llevar esos residuos a la mina Los Gigantes, cosa que las autoridades provinciales consideraron inviable (Informe de Auditoría, p. 27). A la fecha de la finalización del periodo auditado (31/12/2024), seguía faltando un plan de remediación consensuado (hay un trámite iniciado en 2017, Informe de Auditoría, p. 54).

El Chichón (sitio PRAMU Córdoba) forma parte del objetivo específico N°2 del objetivo estratégico N° 1 del PEI 2015-2025: otro objetivo que la AGN da como Incumplido (Informe de Auditoría, p. 47). En El Chichón falta de todo: planes de emergencia (Informe de Auditoría, pp. 63, 102), seguros obligatorios por su Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) superior a 14,5 (Informe de Auditoría, p. 38) (Informe de Auditoría, pp. 38, 56), y actualización de datos (Informe de Auditoría, pp. 55, 169). (Esta evaluación negativa de la AGN coincide con el informe que la ARN entregó a Cristian Basualdo con motivo de un pedido de acceso a la información pública.[23])

Todo mal con los monitoreos. En El Chichón se realizó una única campaña de las cuatro planificadas para 2023 (Informe de Auditoría, p. 30*). En cuanto a los resultados de esa solitaria campaña de monitoreo, «se identificaron concentraciones de uranio y sulfatos superiores a los límites, lo que confirma la influencia de los pasivos ambientales históricos» (Informe de Auditoría, p. 32). Concretamente, en uno de los puntos monitoreados, el agua del acuífero presentó concentraciones de uranio «cercanas al límite establecido para consumo humano» (Informe de Auditoría, Tabla 1, p. 83).

* (En su descargo, la CNEA aclara que «la limitación en la realización de las campañas de monitoreo durante 2023 se debió a la falta de reposición de los fondos rotatorios de la CNEA, lo que afectó la disponibilidad presupuestaria para dichas actividades». Informe de Auditoría, p. 156.)

«Los resultados obtenidos, en general, muestran que la composición química de los suelos de El Chichón se encuentra por debajo de los niveles de referencia para uso de suelo residencial establecidos en la Ley 24.051, de Residuos peligrosos. En el caso de la concentración de uranio, si bien la ley no fija un nivel de referencia, esta estuvo por debajo de los 5 miligramos de uranio por cada kilo de suelo. Cabe destacar que los datos de composición informados corresponden al año 2015» (Informe de Auditoría, p. 33). (Las negritas son mías.)

En cuanto a los indicadores radiológicos monitoreados en El Chichón, «muestran una tasa de emanación de gas radón por encima de los límites establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) para sitios remediados (claro, porque el sitio no está remediado). Esto es consistente con la presencia de residuos de minería de uranio sin cobertura que funcione como barrera de contención en cada sitio pendiente de remediación y evidencia la necesidad de intervención humana que permita disminuir el impacto de estos pasivos ambientales cuyas características afectan al ambiente o podrían hacerlo en el futuro con mayor riesgo» (Informe de Auditoría, p. 32). (Esas apreciaciones se extienden a Los Gigantes, Tonco y La Estela.)

 

4. Los Gigantes

El yacimiento Los Gigantes se encuentra en el Valle de Punilla, a 28 Km de Tanti y a 33 km de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, dentro de un predio que la CNEA le alquila a una orden religiosa (Informe de Auditoría, p. 22). Mediante un contrato, la CNEA concedió su explotación a Sánchez Granel Ingeniería SA (una empresa constructora sin antecedentes en explotación minera[24]) que extrajo uranio entre 1982 y 1987 (la concesión era hasta 1995, pero la CNEA decidió detener la explotación «por razones ambientales»[25]).

El Informe de Auditoría (p. 18) reconoce para Los Gigantes la siguiente cantidad de materiales a gestionar: 2.400.000 toneladas de colas de mineral de uranio, 1.000.000 toneladas de estériles (rocas que, por no contener suficiente mineral para ser procesadas, se descartan, Informe de Auditoría, nota al pie p. 18), y 600.000 toneladas de marginales (residuos que contienen pequeñas cantidades de metales valiosos, pero cuya extracción no resulta económicamente viable, Informe de Auditoría, nota al pie p. 18). Todo ese pasivo generado en apenas cinco años para obtener 206,7 toneladas de uranio.[26]

Ya comenté que en Los Gigantes lo poco que se hizo se hizo para la tribuna.

Aún no hay un plan para el cierre de Los Gigantes. En 2017/2018 CNEA presentó un plan de cierre (con su plan de remediación) que al 31/12/24 no había sido aprobado por las autoridades provinciales (Informe de Auditoría, p. 27) (Parece que los de la CNEA lo presentaron incompleto…[27]). Los auditores de la AGN destacan, con relación a ese plan y a su trámite de aprobación, que «tampoco se tuvo evidencia respecto de acciones emprendidas por el PRAMU tendientes a agilizar el trámite durante el período auditado» (Informe de Auditoría, p. 27). (Cristian Basualdo, en una entrevista periodística, da una explicación para esta falta de interés por agilizar ese trámite: «Si lo aprueban (al plan de cierre), alguien tiene que salir a buscar el cheque. Por eso avanza a paso de tortuga. No es burocracia, es falta de voluntad política y económica».[28])

Para Los Gigantes hay un plan de emergencia, pero que no contempla una identificación y evaluación de riesgos ambientales (Informe de Auditoría, Anexo 9, p. 170). También hay un plan de monitoreo, pero (los documentos del mismo) «carecen de fechas y firmas que permitan establecer su vigencia y tampoco figuran en el reporte de procedimientos vigentes generado por el sistema de administración documental de la CNEA» (Informe de Auditoría, p. 29). Para el caso de Los Gigantes, esto aplica concretamente al monitoreo radiológico (Informe de Auditoría, p. 31).

El Informe de Auditoría (Tabla 11, p. 31) destaca que durante el periodo auditado no se realizó ningún informe de resultados de agua y/o sedimentos.

En su visita de inspección a Córdoba, los auditores refieren lo siguiente:

«Considerando que algunos resultados de monitoreos dan indicios sobre una posible migración de átomos que emiten radiación (radionucleidos) (no pude encontrar datos sobre esos monitoreos en otra parte del Informe de Auditoría*) y que, durante la visita de campo en Los Gigantes, se observó la presencia de ganado dentro del predio donde se encuentran las colas de mineral, se consultó sobre los posibles riesgos existentes y el desarrollo de estudios que determinen la existencia (y su impacto) de migración en agua, suelo, aire y biota (flora y fauna)».

* (Sí encontré esto otro, que parece contradecir lo de los indicios que se mencionan en el párrafo anterior»: «El PRAMU no ha elaborado estudios actualizados que permitan conocer la existencia de migración de contaminación por radiación en suelo, agua y aire en los sitios pendientes de remediación (entre ellos, Los Gigantes) y su impacto sobre el ambiente y las personas. Si bien presentaron un informe en el año 2023 con un estudio del suelo de El Chichón, este contiene valores obtenidos en el año 2015. Tampoco elaboraron estudios para determinar el efecto de la radiación sobre la flora y fauna presente en cada sitio» (Informe de Auditoría, p. 55).

«Al respecto, si bien el auditado (la CNEA) señaló que no existen riesgos aparentes e indicó que se encontraban realizando estudios sobre flora y fauna, no presentó evidencia» (Informe de Auditoría, p. 33). (Las negritas son mías.)

Más allá de lo anterior, el Informe de Auditoría (p. 33) destaca que no se conocen los valores de radiación de fondo[29] para los suelos de Córdoba (supongo que se refiere a Los Gigantes y El Chichón), por lo que es imposible evaluar la radiación proveniente del pasivo ambiental. El Informe de Auditoría (p. 33) destaca que esos estudios deberían hacerse «con el fin de comparar estos valores con los determinados en el suelo donde se encuentran los pasivos ambientales».

El Informe de Auditoría se explaya en describir los pasos administrativos dados por la CNEA con motivo de un accidente en el Dique 3 que derivó en la rotura de una geomembrana, cuya reparación demoró tres años[30] (de nuevo, la tortuga que denuncia Basualdo):

 «El 08/09/2021, un evento climático extraordinario con vientos de 100 km/h y ráfagas de 140 km/h produjo roturas en los paños de la geomembrana del dique auxiliar y se erosionó el muro de interconexión con el dique principal, entre otros daños en instalaciones del sitio» (Informe de Auditoría, p. 42).

Al respecto, los auditores indican que hubo demoras en el proceso de compra de los materiales (responsabilizando de ello a la CNEA), y que la empresa se demoró en la entrega de los materiales, motivo por el que fue multada (Informe de Auditoría, p. 42).

Aquí no hay lugar para excusas: es clara la responsabilidad institucional de la CNEA en la demora en la reparación: «la mayor dilación temporal se presenta dentro del propio proceso de compras» (Informe de Auditoría, p. 42).

Tarde y mal: «En el sitio Los Gigantes se verificaron deficiencias técnicas y de control en la obra de reimpermeabilización del dique auxiliar, con demoras prolongadas, fallas en la solución adoptada y falta de evidencia que permita acreditar su finalización conforme a las especificaciones previstas, debilidades que podrían extrapolarse a la ejecución de otras obras bajo condiciones similares, afectando la eficiencia de las intervenciones y el aprovechamiento de los recursos públicos» (p. 64).

La finalización de la remediación ambiental de Los Gigantes y Córdoba (El Chichón) constituye el objetivo específico N° 2 del objetivo estratégico N° 1 del PEI 2015-2025 del PRAMU. Al respecto, la evaluación que hace del mismo la AGN es cantada: objetivo Incumplido (Informe de Auditoría, p. 47).

 

5. Pichiñan

El sitio se encuentra ubicado en el centro de la provincia de Chubut, en cercanías del Paso Berwyn, en la margen derecha del río Chubut, a 30 km al noreste de Paso de Indios. Se trata en realidad de un distrito uranífero que comprende varias minas (entre ellas, Los Adobes y Cerro Cóndor) y una planta de concentración de uranio.[31]

La planta de concentración de uranio, el llamado Complejo Minero Fabril Pichiñán (CMFP), fue construido en la pasada década del 70 por la CNEA y ocupó unas 8,5 hectáreas.[32] Entre 1976 y 1980 el CMFP procesó mineral de uranio de dos minas del distrito: Los Adobes (una mina a cielo abierto, a 40 km de la planta, de la cual extrajeron 90.198 toneladas de mineral para obtener 108 toneladas de uranio) y Cerro Cóndor (otra mina a cielo abierto, a 35 km de la planta, de la cual se extrajeron 57.340 toneladas de mineral para obtener 45 toneladas de uranio).[33]

Dentro del mismo distrito uranífero, muy cerca de Los Adobes, Cerro Solo es un proyecto que CNEA lleva adelante desde los años 90, que nunca alcanzó la fase de explotación (solo de exploración, ya que la explotación se encuentra prohibida en Chubut). Es un proyecto de uranio y molibdeno, y posiblemente renio. Los recursos de uranio recuperables de Cerro Solo se estiman en 4.600 toneladas.[34] (Una digresión profesional: en Cerro Solo los depósitos de uranio están por debajo de la Formación Cerro Barcino, una capa de roca que contiene restos de enormes dinosaurios con una antigüedad de 100 millones de años.)

(Como un modo de gambetear las restricciones legales a la megaminería, Torres planea desarrollar Cerro Solo utilizando el método de lixiviación in situ con ácido sulfúrico, aunque los técnicos aseguran que esto no es viable.)

El Informe de Auditoría de la AGN reconoce un pasivo de 145.000 toneladas. El documento marco de Evaluación Ambiental del PRAMU de 2005 (p. 99) discrimina: 85.000 toneladas de las pilas de lixiviación, las cisternas de lixiviación, y el dique de colas, y 60.000 toneladas en la escombrera de desechos sólidos. Todo eso a menos de 1000 m del río Chubut.

El militante antinuclear Juan Vernieri completa el panorama: «las cisternas de lixiviado y el dique de evaporación de los efluentes líquidos, fueron rellenados con los escombros de las construcciones desmanteladas y recubiertas con ripio, también las superficies de las colas, para evitar la erosión y favorecer el crecimiento de la vegetación (…) Quedaron allí 85.000 toneladas de mineral tratado (colas) acumuladas en las «planchadas» de las antiguas pilas de lixiviación y 60.000 toneladas de colas acumuladas en otro sector. El predio está rodeado por una valla de alambre tejido para evitar intrusiones».[35] (En esta publicación (https://huelladelsur.ar/2021/12/16/el-legado-radiactivo-del-distrito-uranifero-pichinan/) Cristian Basualdo hace una excelente reseña de la historia de este sitio.)

¿Qué hizo la CNEA en Pichiñan en el marco del PRAMU, más allá del alambrado y el cartel? Prácticamente nada.

El objetivo específico N° 3 del objetivo estratégico N° 1 (Finalizar la remediación de los sitios donde se desarrolló actividad minero-fabril del uranio, ejecutar los planes de monitoreo y desarrollar los planes de post cierre) establece: «Finalizar la gestión de los pasivos ambientales de los sitios Huemul, La Estela, Los Colorados, Pichiñan y Tonco»: la AGN dictamina: Incumplido. «Al 31/12/2024 no se han desarrollado acciones de relevancia que permitan avanzar con la remediación de estos sitios. En Pichiñan y La Estela hay problemáticas sin resolver con los propietarios de los terrenos» (Informe de Auditoría, p. 47).

El Informe de Auditoría se extiende en esto último (p. 22): «Desde el año 2015 no se han subsanado los inconvenientes con los propietarios y esta situación no permite alcanzar un acuerdo de locación. Desde el año 2020 la CNEA abrió un expediente con la intención de resolver la situación, sin embargo, desde entonces no se ha concretado el objetivo inicial. La falta de consensos genera que no se le permita el acceso al personal del PRAMU encargado de tomar las muestras de agua, suelo y aire para los monitoreos ambientales y radiológicos del sitio». Para la AGN, la falta de un acuerdo de locación con los propietarios es responsabilidad de la CNEA: «En este sentido, se observó una inacción del PRAMU, el PNGRR y la GASNyA en la toma de decisiones que resuelvan estas problemáticas durante el período auditado. Especialmente en Pichiñan y La Estela, se observó una falta de celeridad generalizada en los expedientes iniciados en 2015 y 2019, respectivamente, dado que al 31/12/2024, la situación de dominio o tenencia de uso sin resolver impide la realización de monitoreos ambientales y radiológicos y pone en riesgo la salud de las personas que se encuentran en la zona» (Informe de Auditoría, p. 54).

Por H o por B, la CNEA no ha hecho nada en Pichiñan; ni siquiera tiene un plan de remediación serio. «En el año 2024 (a 43 años de cerrada la planta, agrego yo), el PRAMU elaboró un documento con la ingeniería conceptual que contiene la descripción y valoración cualitativa de las alternativas y medidas de remediación ambiental propuestas para el sitio Pichiñan. Este documento se encontraba en etapa preliminar por lo que no ha sido presentado ante autoridades de la provincia de Chubut o ante la ARN» (Informe de Auditoría, p. 28). (Las negritas son mías.)

Tampoco hay un programa de monitoreo, radiológico o ambiental: «Los sitios Pichiñan, La Estela, Los Colorados y Huemul no cuentan con programas de monitoreo radiológicos específicos que establezcan puntos y frecuencia de muestreos. Por otro lado (…) el programa de monitoreo de agua y sedimentos del sitio Pichiñan no se encontraba vigente al 31/12/2024». (Informe de Auditoría, p. 55). De hecho, en la Tabla 11 (Informe de Auditoría, p. 31), se indica que el programa de monitoreo de agua y sedimentos fue entregado «(s)in fecha de vigencia ni firmas» (En la página 86 del Informe de Auditoría se detallan esas imprecisiones: falta de fecha de elaboración, firma o vigencia; falta de firmas de los intervinientes en su elaboración, revisión y aprobación; procedimiento no registrado en el AdminDoc, donde se nuclea y administra la documentación que compone al SGC del organismo; diferencia entre el código de identificación de la carátula (PO-SNA/Pramu-DT -001) y el utilizado en el resto del documento (POSNA/Pramu-C-001); documentos que no establecen procedimientos y plazos para la elaboración de informes de resultados). En esa misma Tabla 11 se deja constancia de que no hay un solo informe de resultados entregado para el sitio Pichiñan.

Según se consigna en el Informe de Auditoría (Anexo 9, p. 167), la CNEA emitió un descargo diciendo que, fuera del periodo auditado, en octubre de 2025, se concretó una campaña de monitoreo ambiental que había sido programada para 2024 (seguramente en el próximo informe de auditoría tendremos detalles de esta campaña, entonces sabremos si fue una campaña seria o un jueguito para la tribuna).

Y ya que estamos con los descargos de la CNEA, uno de ellos dice lo siguiente: (es la CNEA la que habla) «En referencia a las afirmaciones (de los auditores) sobre riesgos a la salud de las personas, se sugiere que sean revisadas y reformuladas con el objeto de evitar generar una percepción de riesgo no fundamentada en la población. También es pertinente aclarar que, si bien se trata de sitios con pasivos ambientales, los resultados de los monitoreos efectuados en La Estela en 2024 no evidencian riesgos para la salud de las personas. En el caso del Sitio Pichiñan no existe población cercana que pueda verse afectada.* Asimismo, la Autoridad Regulatoria Nuclear, en su calidad de ente regulador y controlador, realiza monitoreos radiológicos ambientales periódicos en los sitios, cuyos informes de resultados indican que no existe riesgo para la salud de las personas. Estos informes son públicos y están disponibles en https://www.argentina.gob.ar/arn/informacionpara-la-comunidad/vigilancia-radiologica-ambiental/planmonitoreo/resultados-plan-monitoreo-radiologico_ambiental» (Informe de Auditoría, p. 167) (Las negritas son mías.)

* (No se entiende el porqué de esta aclaración si no hay riesgo para las personas. Tampoco se entiende por qué la CNEA aclara esto de la ARN. ¿Busca dar a entender que sus propios monitoreos son innecesarios?)

Efectivamente, si uno entra a estos informes de la ARN, por ejemplo el de 2023, se encuentra con que todos los valores dan siempre bien: en ningún caso esos valores obtenidos «evidencian un impacto significativo de las actividades pasadas de la instalación». Rarísimo, tratándose de instalaciones abandonadas hace décadas con grandes cantidades de residuos, algunas de las cuales fueron incorporadas al PRAMU por la propia CNEA (reconociendo de esta manera su situación de contaminación). Nos reservamos el derecho de no creer nada de lo que dice la ARN, hasta tanto se realicen monitoreos metódicos por parte de organizaciones independientes (o que al menos no tengan intereses creados en enchufarnos la minería de uranio, como el gobierno nacional o el provincial).

Al respecto, es interesante la respuesta en tono de reproche que la AGN hizo a un descargo de la CNEA, puntual para el sitio La Estela (San Luis) pero aplicable a todos los demás sitios: «Las afirmaciones reiteradas de la CNEA sobre la ausencia de riesgos ambientales y sanitarios podrían generar la idea de que no es necesario avanzar con las tareas de remediación en los sitios afectados por la minería de uranio» (Informe de Auditoría, Anexo 9, p. 167). Traducción: cortala con eso y hacé lo que tenés que hacer.

 

6. Tonco

Refiere Silvana Buján que «Don Otto fue una mina subterránea salteña que entregó cerca de 400 toneladas de Uranio concentrado desde 1964 hasta su cierre, en 1982».[36] Como parte del distrito minero Tonco-Amblayo, la mina Don Otto se encuentra en el Valle del río Tonco (parte del sistema de los Valles Calchaquíes), muy cerca del Parque Nacional Los Cardones, donde hay una media docena de minas de uranio abandonadas (siendo Los Berthos y Güemes las más conocidas) (Imperdible la documental de 2007 El Valle Nuclear, La Mega Minería del Uranio en los Valles Calchaquíes. A partir del minuto 14, Javier Rodríguez Pardo recorre la mina Don Otto. A lo largo del documental, se muestra el pasivo socioambiental generado por la CNEA durante su explotación.[37]

Ese pasivo es estimado en 500.000 toneladas de colas de mineral de uranio (Informe de Auditoría, tabla 8, p. 18) en un predio de 25 hectáreas.[38]

Para Tonco no hay plan de remediación: «(para Tonco) no se tuvo evidencia de que se hayan realizado estudios, trabajos y/o presentaciones a las autoridades competentes con el objetivo de avanzar en la remediación de los mismos» (Informe de Auditoría, p. 28). Por esa razón, la finalización de la gestión de los pasivos ambientales del sitio Tonco, como parte del objetivo específico N° 3 del objetivo estratégico N° 1 del PEI 2015-2025 de la CNEA para el PRAMU, se indica como Incumplida (Informe de Auditoría, tabla 13, p. 47). 

En la fundamentación de este bochazo se señala que (durante el periodo auditado) «no se han desarrollado acciones de relevancia que permitan avanzar con la remediación de estos sitios» (Informe de Auditoría, tabla 13, p. 47).

«Para Tonco (los auditados) entregaron documentos de caracterización y descripción, y de línea de base socioeconómica y cultural del sitio, ambos en estado de borrador y sin poder determinar las fechas de elaboración» (Informe de Auditoría, p. 29).

El Informe reconoce que hay un programa específico de monitoreo radiológico para Tonco, aunque carece de fechas y firmas, de manera que no es posible establecer su vigencia (Informe de Auditoría, p. 29).

Hay un informe radiológico pero solo de 2023, y con «tachaduras y palabras en rojo que dificultan la interpretación de los resultados concluidos» (Informe de Auditoría, p. 84), y no existen informes de resultados de agua y/o sedimentos correspondientes a 2023 y 2024 (Informe de Auditoría, p. Tabla II, p. 31). (En su descargo, CNEA se defiende: «Cabe aclarar que las campañas de monitoreo durante el 2024 no se realizaron debido a inconvenientes en la reposición de los fondos rotatorios de la CNEA», Informe de Auditoría, Anexo 9, p. 157.)

Aquel informe radiológico de 2023, al igual que en Córdoba y La Estela, muestra «una tasa de emanación de gas radón por encima de los límites establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) para sitios remediados (claro, porque no está remediado). (Este resultado) es consistente con la presencia de residuos de minería de uranio sin cobertura que funcione como barrera de contención en cada sitio pendiente de remediación y evidencia la necesidad de intervención humana que permita disminuir el impacto de estos pasivos ambientales cuyas características afectan al ambiente o podrían hacerlo en el futuro con mayor riesgo» (Informe de Auditoría, p. 32).

Para Tonco hay un plan de emergencia y evacuación vigente desde el 25/10/2023 (Informe de Auditoría, p. 36), pero ese plan de emergencia no contempla una identificación y evaluación de riesgos ambientales (Informe de Auditoría, p. 56).

 

7. La Estela

Es una mina a cielo abierto ubicada a 30 km de Merlo (San Luis). Entre 1953 y 1964 se extrajeron de La Estela unas 3400 toneladas de mineral de uranio. Luego hubo un parate hasta 1980, y desde ese año hasta 1990, una empresa contratada por CNEA (URANCO SA) extrajo otras 22 toneladas.[39]

Para La Estela el Informe de Auditoría reconoce un pasivo de 70.000 toneladas de colas de mineral de uranio, y 1.140.000 t de residuos estériles (Informe de Auditoría, tabla 8, p. 18).

Según la CNEA «Las escombreras fueron ubicadas sobre el curso del Río Seco y redistribuidas por éste durante las crecientes, de manera que el mismo cauce del río es el punto de descarga principal de las aguas que circulan por las labores de explotación» (citado en Buján, 2019, p. 21).

La Estela es una pequeña (o no tan pequeña) bomba de tiempo. Silvana Buján refiere que: «(a)ños  atrás, con la mina ya cerrada, el sitio de acumulación de los drenajes ácidos de la mina (llamada localmente “laguna negra”) fue arrastrado por las aguas de una creciente en el arroyo, lo que provocó el desmadre de la precaria contención del diquecito hacia el cajón del río (del río Seco), a través del cual se derramó tanto el líquido de tratamiento como los residuos sólidos de la mineración de Uranio, aguas abajo».[40]

Como comenté, los auditores de la AGN reconocen que, en La Estela, el mayor problema tiene que ver con que la mina se halla en propiedad privada y que no hay acuerdo con el privado: «Al 31/12/2024 no se han desarrollado acciones de relevancia que permitan avanzar con la remediación de estos sitios. En Pichiñan y La Estela hay problemáticas sin resolver con los propietarios de los terrenos» (Informe de Auditoría, p. 47).

Continua la AGN: «En la zona habitan familiares del propietario y hubo un aumento de la actividad turística e inmobiliaria a escasos metros de las denominadas pilas de colas de mineral, las cuales son productoras de gas radón, que en concentraciones elevadas en lugares cerrados pueden ser perjudiciales para la salud humana» (Informe de Auditoría, tabla 9, p. 23).

Siempre sensible a las advertencias exageradas, la CNEA hizo un descargo con respecto a esto último:

«(Habla la CNEA) Dado que estos comentarios, al estar descontextualizados, podrían generar una percepción de riesgo no fundamentada en la comunidad, se solicita la eliminación o reformulación del párrafo en cuestión para mantener la precisión técnica y ceñirse al tema de situación de dominio que da título a la tabla» (Informe de Auditoría, Anexo 9, p. 151).

A lo que los auditores de la AGN responden: «(Ahora habla la AGN) el PRAMU (no) ha determinado los riesgos ambientales (como se expone en el punto 3.4.7 del presente Informe de Auditoría) que puedan afectar la distribución de estos pasivos ante la falta de sistemas de contención y el consecuente impacto que podrían tener en el ambiente, y, por ende, en la salud de las personas establecidas en la zona de La Estela. Del informe antes citado (que no transcribo aquí) también surge que: el control institucional de este tipo de sitios se condice con la aplicación del principio precautorio (pilar esencial de la política ambiental internacional), el cual implica, aún en ausencia de información o certeza científica, adoptar todas las medidas necesarias para evitar efectos degradantes del ambiente y para cuidar la salud de las personas. Se mantiene la redacción y el contenido de la Tabla 9» (donde figura la parte que la CNEA quería cambiar). Correctísima respuesta a un flojísimo descargo.

En La Estela se hizo poco y nada, más tirando a nada que a poco:

«Para los sitios Huemul, La Estela, Los Colorados y Tonco no se tuvo evidencia de que se hayan realizado estudios, trabajos y/o presentaciones a las autoridades competentes con el objetivo de avanzar en la remediación de los mismos» (Informe de Auditoría, p. 28).

«Al 31/12/2024 no se han desarrollado acciones de relevancia que permitan avanzar con la remediación de estos sitios. En Pichiñan y La Estela hay problemáticas sin resolver con los propietarios de los terrenos» (Informe de Auditoría, p. 47).

«En la Estela, por falta de presupuesto (o, como prefiere decir la CNEA, por falta de reposición de los fondos rotatorios, Informe de Auditoría, Anexo 9, p. 156) directamente no se realizaron campañas de monitoreo» aunque dos párrafos abajo se indica que «Los monitoreos de 2023 en La Estela se vieron dificultados por la falta de permiso de acceso del propietario debiendo solicitar la intervención de la Dirección de Minería y Medio Ambiente de la provincia de San Luis» (Informe de Auditoría, p. 30). Esta última es la explicación que da la CNEA en su descargo: «Se aclara que las campañas de monitoreo radiológico y ambiental no se realizaron durante 2023 debido a que el superficiario impedía el ingreso al sitio» (Informe de Auditoría, Anexo 9, p. 157).

El monitoreo ambiental de 2024 presenta inconsistencias en su fecha de elaboración (Informe de Auditoría, tabla 11, p. 31), inconsistencias que no pueden atribuirse al superficiario.

En La Estela, «los valores registrados (en ese único monitoreo de 2024) se mantuvieron en rangos compatibles con la aptitud para consumo humano; no obstante, en La Estela se advirtió la influencia del arrastre de material marginal por lluvias extraordinarias (recordemos la referencia de arriba de Silvana Buján), situación que evidencia el impacto que podrían tener eventos climáticos extremos en la dispersión de contaminantes» (Informe de Auditoría, p. 32). (Las negritas son mías.)

Esto en cuanto al monitoreo ambiental sobre agua y sedimento. En cuanto al monitoreo radiológico, «se observó que los valores medidos (en ese único monitoreo de 2024), si bien no implicaron para el personal y el público una exposición a radiación por encima de los límites establecidos, muestran una tasa de emanación de gas radón por encima de los límites establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) para sitios remediados» (claro, porque no está remediado) (Informe de Auditoría, p. 32). Ese único informe radiológico de 2024, carece de firmas, no hay constancia de envío de original y copias, y hay anotaciones de error en el índice del documento (Informe de Auditoría, Anexo 6, tabla 2, p. 87).

Más allá de ese monitoreo de 2024, La Estela no cuenta con programas de monitoreo radiológicos específicos que establezcan puntos y frecuencia de muestreos (Informe de Auditoría, p. 55).

Como parte del objetivo específico N° 3 del objetivo estratégico N° 1 del PEI 2015-2025 de la CNEA para el PRAMU, la AGN le pone un muy bien ganado Incumplido a la finalización de la gestión del pasivo ambiental de La Estela (Informe de Auditoría, tabla 13, p. 47).

 

8. Los Colorados

Se trata de una mina a cielo abierto ubicada en la provincia de La Rioja. Allí hay 135.700 toneladas de colas de mineral de uranio y 1.000.000 toneladas de residuos estériles (Informe de Auditoría, tabla 8, p. 18).

La empresa a cargo de la explotación (que tuvo lugar entre 1992 y 1996) fue URANCO S.A., la misma empresa que explotó La Estela.[41]

En Los Colorados la CNEA tampoco hizo nada: «Para los sitios Huemul, La Estela, Los Colorados y Tonco no se tuvo evidencia de que se hayan realizado estudios, trabajos y/o presentaciones a las autoridades competentes con el objetivo de avanzar en la remediación de los mismos» (Informe de Auditoría, p. 28). Casi nada en realidad: «Respecto de Los Colorados, el auditado (o sea la CNEA) presentó dos documentos elaborados en el año 2020 y aún en estado de borrador en relación con la línea de base ambiental y línea de base socio cultural del sitio» (Informe de Auditoría, p. 28).

Durante el año 2023, las campañas de monitoreo de agua no se ejecutaron en su totalidad por falta de presupuesto (Informe de Auditoría, p. 30). Esos monitoreos parciales de 2023 revelaron «parámetros fisicoquímicos que no cumplieron con los niveles guía, especialmente de sulfatos y conductividad eléctrica, aunque el agua destinada al consumo de la población de Patquía (La Rioja) presentó en general concentraciones dentro de los límites normativos» (Informe de Auditoría, p. 31). En otro lugar del Informe de Auditoría (Anexo 5, tabla I, p. 82) se consigna que en uno de los puntos de muestreo se obtuvo uranio por encima del valor límite.

También en 2023 se hicieron monitoreos radiológicos, «sin que se le hayan presentado a esta auditoría los informes de resultados correspondientes» (Informe de Auditoría, p. 32). Al margen de ese monitoreo de 2023, Los Colorados «no cuenta con un programa de monitoreo radiológico específico que establezca puntos y frecuencia de muestreos» (Informe de Auditoría, p. 55).

Como parte del objetivo específico N° 3 del objetivo estratégico N° 1 del PEI 2015-2025 de la CNEA para el PRAMU, la AGN le pone un Incumplido redondo a la finalización de la gestión del pasivo ambiental de Los Colorados (Informe de Auditoría, tabla 13, p. 47).

 

9. Sierra Pintada (Complejo Minero Fabril San Rafael)

El yacimiento de Sierra Pintada fue descubierto en 1968, a unos doce kilómetros al sudoeste de la Villa 25 de Mayo, en el Departamento San Rafael, Mendoza.

Fue la mina de uranio más importante del país (como comenté al principio, con 1600 toneladas de uranio extraídas), y fue explotada por la CNEA entre 1975 y 1997, siendo la última mina de uranio en cerrar a nivel país. El Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR) funcionó allí mismo desde 1979 a 1995.[42]

El Informe de Auditoría destaca: «En el CMFSR también se extrajo y se procesó mineral del uranio entre los años 1975 y 1997. Como resultado se han acumulado en el lugar 1.895.000 toneladas de colas de tratamiento, 13.710.000 m³ de roca estéril y 376.000 toneladas de mineral marginal» (Informe de Auditoría, p. 50).

«A pesar de no haberse contemplado originalmente la remediación de este sitio en el marco del PRAMU y sin una transferencia formal de la responsabilidad de remediación desde el PNGRR a la GACCN, la CNEA decidió priorizar y avanzar en la restitución de este sitio para dar respuesta a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada por la provincia de Mendoza, que sólo aprobará la vuelta a la explotación minera y la producción de concentrado de uranio en Sierra Pintada en la medida que se haya dado inicio a la solución ambiental de los pasivos generados durante el primer ciclo productivo» (Informe de Auditoría, p. 50). (Las negritas son mías, y remiten a lo que conté al principio de la publicación.)

«En este sentido, el proyecto de remediación del CMFSR tiene como objetivo principal tratar el agua de cantera para reducir las concentraciones de uranio, radio y arsénico, y recuperar el uranio remanente de los residuos sólidos». (Informe de Auditoría, p. 50.) Hay otros pasivos ambientales que se resolverán más adelante. De nuevo: elijamos creer que será así.

Dentro del organigrama de CNEA, la remediación del CMFSR la lleva adelante la GACCN, la Gerencia de Área Ciclo de Combustible Nuclear. Debería en realidad hacerla la GPNGRR, la Gerencia Programa de Gestión de Residuos Radiactivos (Informe de Auditoría, p. 21), que es la estructura administrativa que reemplazó desde julio de 2023 a la Gerencia Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (GPRAMU) (Informe de Auditoría, p. 9) (el PRAMU fue integrado orgánicamente a la GPNGRR a mediados de 2023 mediante el dictado de la Res. CNEA 337/23). En el caso del CMFSP, nunca hubo una transferencia de funciones formal de una gerencia a la otra.

La GACCN posee, dentro de su estructura, una Gerencia de Producción de Materias Primas (GPMP) (Informe de Auditoría, p. 50), y ahí está el porqué de este enroque de gerencias: porque, como comenté al principio, la CNEA sueña con la reapertura la mina. El Informe de Auditoría recoge la posición de la provincia al respecto: «(la provincia) sólo aprobará la vuelta a la explotación minera y la producción de concentrado de uranio en Sierra Pintada en la medida que se haya dado inicio a la solución ambiental de los pasivos generados durante el primer ciclo productivo» (Informe de Auditoría, p. 50).

La AGN cuestiona en su Informe que esas actividades de remediación las lleve a cabo la GACCN, ya que la Ley prescribe que deben ser realizadas por la Gerencia de Área de Seguridad Nuclear y Ambiente (GASNyA) (la GPNGRR está bajo la órbita de la GASNyA) (Informe de Auditoría, p. 10).

¿De qué actividades estamos hablando? El plan de remediación del CMFSP contempla como objetivo principal solo el tratamiento del agua de cantera para reducir las concentraciones de uranio, radio y arsénico, y la recuperación del uranio remanente de los residuos sólidos (como comenté, otros pasivos ambientales quedan para etapas futuras). Como vemos, lo que se está ejecutando en Sierra Pintada es solo la primera etapa de un largo proceso.

¿Qué hizo la GACCN en el CMFSP? (qué informó la GACCN que hizo) El Informe da cuenta de las tareas realizadas al 31 de diciembre de 2024 (Informe de Auditoría, p. 51 y 52). Estas son las siguientes:

1) Construcción del dique de disposición final para los efluentes generados durante el proceso de remediación, aprobado por los organismos de control de la provincia de Mendoza,

2) Instalación de cañerías de polietileno de alta densidad para el transporte del agua entre las canteras y la planta de tratamiento,

3) Impermeabilización de las primeras cuatro cisternas con doble membrana de polietileno de alta densidad y ampliación del Dispositivo de Apertura de Tambores (DAST) para la manipulación segura de residuos sólidos,

4) Construcción de los primeros diques de decantación de radio y arsénico impermeabilizados con doble membrana y sistema de captación de fugas, ubicados junto al dique de disposición final,

5) Extracción y neutralización de líquidos y lodos contenidos en la ex planta de tratamiento de uranio (y solicitud de la correspondiente autorización de práctica no rutinaria ante la ARN),

6) Caracterización y preparación del Área de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE) que es el sector donde finalmente será regada el agua de cantera después de su tratamiento. Construcción de pozos de monitoreo y diseño del sistema de riego para el agua tratada,

Y otras dos acciones de corte más administrativo,

7) Elaboración y presentación de la documentación mandatoria ante la ARN en el marco de la tramitación de la Licencia de parada prolongada de la instalación, y

8) Obtención de los permisos individuales de operadores de instalación emitidos por la ARN.

Para esto, la Gerencia obtuvo un presupuesto (por fuera del PRAMU) de $194.953.000,00 en 2023 y $603.130.122,00 en 2024 (Informe de Auditoría, p. 52) (al menos en 2024, esos valores andaban por los US$500.000; y en 2023 andaban por los US$550.000, redondeando mucho y haciendo un promedio de las diferentes cotizaciones a lo largo de esos dos años).

«El grado de avance de esta remediación, el uso de los fondos asignados y el cumplimiento de objetivos en este caso, no fueron evaluados de forma específica debido a tratarse de acciones realizadas por otra gerencia fuera del PRAMU y del PNGRR y con partida presupuestarias específicas» (Informe de Auditoría, p. 52). O sea, la situación de remediación del CMFSR es analizada (Informe de Auditoría, p. 21) pero no evaluada (Informe de Auditoría, p. 52). ¡Ay!, AGN.

1,25/10

Al 31/12/2024, el PRAMU solo cumplió con el 50% de los objetivos específicos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2015-2025 de la CNEA, y con el 44% de los objetivos definidos en el informe 2022 remitido por la GPNGRR al Congreso Nacional (Informe de Auditoría, p. 54). Eso en cuanto a los objetivos. En cuanto a las remediaciones comprometidas, ese número baja mucho:

«Desde su formalización en el año 2000 solo se concretó la remediación ambiental del sitio Malargüe, es decir, uno de los ocho sitios definidos, equivalente a una ejecución del 12,5% al 31/12/2024». (Informe de Auditoría, p. 54). En la escala del 1 al 10, un 1,25. Un bochazo en remediación ambiental.

Si vamos al caso, el proceso de remediación del sitio Malargüe tampoco se cumplió de forma completa: (la CNEA) «no concretó la sesión del parque El Mirador (cerrado al público al 31/12/2024) al municipio de Malargüe según lo planificado, a pesar de haberse finalizado la remediación del sitio en el año 2017» (Informe de Auditoría, p. 54). Tampoco completó su plan de emergencia y evacuación, al que le falta una identificación y una evaluación de los riesgos ambientales (Informe de Auditoría, p. 56).

Sobre todo, falta información clara que le asegure a les malargüines que el trabajo finalizado en 2017 fue eficaz, más allá de lo que declaran los funcionarios del átomo, como los llama Basualdo.

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La CNEA pertenece al Sistema Científico y Tecnológico, y por lo tanto forma parte del capital intelectual de la Nación (cuya fecha de fundación, 1950, es anterior al IAA, al INTA, al INTI, al CONICET, y por supuesto a la CONAE; solo le gana en años el SMN). Por eso, hay que defenderlo del infame topo que destruye el estado desde adentro: con su motosierra, desfinanciando proyectos consolidados y avanzados en su ejecución, persiguiendo a delegados gremiales, designando a incompetentes y advenedizos para ocupar cargos políticos dentro del organismo (sin que falten los sospechados de corrupción). Sobre todo debemos defender del infame topo a sus trabajadores, con quienes se ha ensañado especialmente.

Todo lo anterior no implica que debamos renunciar a denunciar políticamente a la CNEA por el incumplimiento de los objetivos del PRAMU, o que no podamos repensar en voz alta el rol de ese organismo, sobre todo en el actual contexto de transición ecosocial (al respecto ver mi publicación ¿Tiene futuro la Nucleoelectricidad?).

A continuación daré mi opinión con respecto a esto último, que puede o no ser compartida 100% por otres compañeres del movimiento antinuclear.

La CNEA debe ser sostenida y fortalecida (con más financiamiento, mejores salarios, etc.), pero su misión debería replantearse. Debería abandonar su programa nucleoeléctrico, sobre todo el desarrollo de nuevas centrales nucleares de potencia, y, por supuesto, olvidarse de la minería del uranio, de cuyas consecuencias claramente no puede hacerse cargo con la urgencia que se requiere.

Debería reorientarse hacia otros tipos de proyectos más respetuosos con el ambiente y las comunidades locales, en todo caso manteniendo aquellos proyectos nucleares que posean un interés médico o en investigación. Es mucho lo que esta CNEA podría aportar al país después de Milei, eventualmente con otro nombre que no priorice lo nuclear (¿Comisión Nacional de Energías Alternativas?)

Esta desnuclearización parcial de la CNEA tampoco implica que el organismo pueda desentenderse de lo que empezó y no cumplió: la finalización de la remediación del pasivo ambiental de la minería del uranio (o sea, de cumplir con la Ley N° 25.018/98 art. 10 inc. j), o no empiece con lo que todavía no empezó: diseñar un plan de cierre para nuestras tres centrales nucleares, que vaya más allá del alambrado y el cartel (que es probablemente lo que termine sucediendo).

Cierro como empecé: compartiendo la opinión de Norma Boero, de que la restitución de pasivos ambientales en los lugares en los que hubo actividad minera de uranio es una condición «sine qua non» para la reiniciación de las actividades de producción de uranio. Pues bien: no han podido restituir los pasivos ambientales, por lo que no deberían reiniciar la producción de uranio.

La CNEA se mostró absolutamente incompetente a la hora de restituir lo que ya hay, entonces, ¿por qué deberíamos creer que podrá gestionar lo que habrá, los nuevos pasivos ambientales que seguramente producirán Ivana, Laguna Colorada o Cerro Solo?

 

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[1] https://investigacionesfopea.com/flash/mineras/mineras/nota2.php

[2] https://antinuclearmara.blogspot.com/2025/07/mineria-de-uranio-en-argentina.html 2’

[3] https://nuclear.ratherlabs.com/es-ar/blog/uranium-mining

[4] Basualdo, Cristian. 2023. Lo que el PRAMU nos dejó. https://noalamina.org/argentina/item/254149-mineria-de-uranio-lo-que-el-pramu-nos-dejo

[5] https://miningpress.com/68344/sierra-pintada-una-larga-historia-de-17-anos

[6] https://urgente24.com/36216-los-peligrosos-negocios-de-julio-cobos-con-mega-uranium#google_vignette

[7] https://www.elsol.com.ar/mendoza/cinco-proyectos-de-uranio-prometen-usd-76-millones-de-inversion-en-el-sur-provincial-cuales-son-y-en-que-estado-se-encuentran/

[8] https://miningpress.com/68344/sierra-pintada-una-larga-historia-de-17-anos

[9] Cristian cuenta también eso en: https://antinuclearmara.blogspot.com/2025/07/mineria-de-uranio-en-argentina.html 41’ 30’’

[10] López Canton, F. 2022. Minería de uranio en la República Argentina: remediación de sitios, aspectos ambientales, regulatorios y nuevos enfoques ante la puesta en marcha de proyectos.  Tesis de maestría en Ciencias Ambientales. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Buenos Aires. 337 pp. Las definiciones que se mencionan se encuentran en las páginas 164-165.

[11] La ARN, por Ley N° 24.804 art. 16 inc. n, está obligada a «someter anualmente al Poder Ejecutivo Nacional y al Honorable Congreso de la Nación un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público». Informe Anual 1997. Capítulo 5. Inspecciones y Evaluaciones de Seguridad Nuclear a Instalaciones Radiactivas. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arn-5_inspecciones_instalaciones_ia-1997.pdf

[12] https://mineriasustentable.com.ar/contenido/7734/mendoza-recupera-una-historica-mina-de-uranio-canadiense-compro-huemul-en-malarg

[13] Buján, S. 2019. Energía nuclear: una historia de engaños, ocultamiento y abandono (2da. Edición). BiosArgentina, p. 28-30.

[14] https://www.argentina.gob.ar/cnea/tn/sitio-malargue

[15] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arn-parte_2-actividades_ia-2007.pdf

[16] Informe al Honorable Congreso se La Nación correspondiente al Ejercicio 2023 según lo prescripto por la Ley Nº 25.018. Gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos en la República Argentina. Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR). IF-2024-66355971-APN-GASBYA#CNEA.

[17] «Si bien la mayor parte del uranio y sus productos de desintegración consumidos en el agua potable y de cocina se eliminan del organismo, pequeñas cantidades se absorben en el tracto digestivo y pasan al torrente sanguíneo. El uranio en la sangre se filtra y se deposita en los riñones, donde actúa sobre los túbulos proximales. Se ha observado que la exposición al uranio se asocia positivamente con biomarcadores de citotoxicidad: aumentos en la albúmina urinaria, glucosa y calcio, β2 - microglobulina y fosfatasa alcalina. El uranio absorbido que no se excreta por la orina se acumula principalmente en el esqueleto y los riñones. La exposición puede aumentar el riesgo de cáncer y provocar daño hepático. Otros efectos preocupantes documentados en la salud incluyen efectos en el cerebro, disminución del crecimiento óseo, daño en el ADN y efectos en el desarrollo y la reproducción. Los riesgos para la salud derivados del uranio en el agua potable son mayores para los bebés y los niños pequeños, quienes pueden sufrir daños permanentes por la exposición en momentos críticos de su crecimiento. Beber y cocinar con agua contaminada con uranio es la principal vía de exposición al uranio en el agua de pozo, ya que la absorción a través de la piel es mínima» Eggers, M. J., Moore-Nall, A. L., Doyle, J. T., Lefthand, M. J., Young, S. L., Bends, A. L., Committee, C. E. H. S., & Camper, A. K. (2015). Potential Health Risks from Uranium in Home Well Water: An Investigation by the Apsaalooke (Crow) Tribal Research Group. Geosciences, 5(1), 67-94. https://doi.org/10.3390/geosciences5010067

[18] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/arn_resultados_pmra_2023.pdf

[19] https://www.argentina.gob.ar/arn/informe-anual/informe-anual-2017

[20] https://www.argentina.gob.ar/cnea/tn/mineria-del-uranio/exploracion-de-uranio

[21] Buján, 2019, p. 24.

[22] https://huelladelsur.ar/2025/12/19/breve-historia-del-uranio-en-la-argentina/

[23] https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/exceso-uranio-napas-riesgo-migracion-radionucleidos-puntos-criticos-predio-chichon_0_mNIo6HfHnx.html

[24] https://elpais.com/america-futura/2025-10-30/la-contaminacion-silenciosa-de-una-antigua-mina-de-uranio-en-argentina.html

[25] Buján, 2019, p. 12; https://www.argentina.gob.ar/cnea/tn/gestion-de-residuos-radiactivos-y-combustibles-gastados/sitio-en-la-provincia-de-cordoba

[26] https://www.perfil.com/noticias/cordoba/cordoba-la-rotura-de-un-dique-en-mina-de-uranio-abandonada-demoro-tres-anos-en-repararse.phtml

[27] https://antinuclearmara.blogspot.com/2026/03/residuos-nucleares-acusaciones-cruzadas.html

[28] https://enfantterrible.com.ar/ambientalismo/gigantes-bomba-quimica-cordoba-uranio-mina-abandonada-cnea/

[29] Fondo natural de radiación: toda radiación ionizante presente en el ambiente debido a fuentes naturales, que no provienen de ninguna instalación o fuente artificial.

[30] https://noalamina.org/argentina/cordoba/item/256790-se-rompio-un-dique-en-la-mina-de-uranio-abandonada-los-gigantes

[31] https://huelladelsur.ar/2021/12/16/el-legado-radiactivo-del-distrito-uranifero-pichinan/

[32] https://investigacionesfopea.com/flash/mineras/mineras/nota2.php

[33] https://www.argentina.gob.ar/cnea/tecnologia-nuclear/gestion-de-residuos-radiactivos-y-combustibles-gastados/sitio-en-la-1

[34] https://www.elchubut.com.ar/industria-y-produccion/2022-11-9-9-14-0-cerro-solo-el-fabuloso-yacimiento-mineral-de-chubut#goog_rewarded

[35] https://www.elchubut.com.ar/industria-y-produccion/2022-11-9-9-14-0-cerro-solo-el-fabuloso-yacimiento-mineral-de-chubut#goog_rewarded;  en poco más de un minuto y medio, Pablo Lada nos muestra en qué condiciones de halla actualmente el CMFP. https://www.youtube.com/watch?v=4CBo9s3RAXY

[36] Buján, 2019, p. 18.

[37] https://www.youtube.com/watch?v=rfyq63EuQ_Y

[38] https://www.youtube.com/watch?v=rfyq63EuQ_Y 23’

[39] https://ambiente.sanluis.gov.ar/inspeccionaron-el-sitio-la-estela-donde-funcionaba-una-antigua-mina-de-uranio/

[40] Buján, 2019, p. 22.

[41] Buján, 2019, p. 20.

[42] https://www.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2012/11/Martinez-Demarco-GT5.pdf